Residencia virtual o e-residencia estonia

Hay dos factores fundamentales que explican el éxito de esta iniciativa del Gobierno Estonio: el desarrollo de nuevas propuestas basadas en las tecnologías de la información y el blockchain y la reducida fiscalidad del país.

Con frecuencia escuchamos quejas acerca de lo gravosa que es la actividad económica en España (y en otros países de la UE). Desde «el minuto cero», cualquier empresa o persona física que pone en marcha un proyecto tiene que afrontar además de los gastos relativos a su negocio, los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos.

  • En ocasiones, el emprendedor se lanza en modo MVP (Mínimo producto viable), apurando a facturar hasta el último instante o dándose de alta únicamente en IAE (hacienda) y no en el RETA (seguridad social).
  • Hace unos años, la alternativa de darse de alta como autónomo o constituir una Ltd. (equivalente a la S.L.) en Reino Unido también tuvo sus adeptos, pudiendo facturar y operar pero sin tributar ni cotizar hasta alcanzar un volumen anual de 200.000 Pounds… Desde hace algo más de un año, esta opción presenta más sombras que luces debido a la inminente salida de UK del espacio económico europeo, el famoso «Brexit«.

Estonia es un país báltico (antigua república de la URSS) pequeño y como tal lo aprovecha en todo lo relativo a agilidad. Además, son pioneros en implantar la tecnología blockchain en múltiples procesos de su Administración con éxito (todos los historiales médicos de sus habitantes son custodiados telemáticamente de forma segura y accesible para profesionales e interesados a través de su encriptación mediante esta tecnología…).

A finales de 2014, el Gobierno de la República de Estonia puso en marcha la e-residencia que posibilita la obtención online de la una identidad en el país para cualquier ciudadano de cualquier país que cumpla con las exigencias establecidas.

Al obtener la e-residencia estonia, es posible realizar la actividad económica como persona física o empresa estonia con las ventajas que ello conlleva, principalmente, beneficiarse de uno de los sistemas tributarios más laxos de la UE que concede la exención en el IS para aquellas empresas que reinviertan sus beneficios y una tasa fija del 20% para aquellas que decidan cobrarlos (un tipo muy inferior al de otros países del territorio UE…).

Como hemos dicho antes, Estonia cuenta además con una de las más avanzadas estructuras digitales a nivel administrativo del Mundo, lo que permite la gestión de la empresa -y muchos otros trámites accesibles desde la e-residencia…-, desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los emprendedores que decidan «estonizarse» ahorrar tiempo y dinero en trámites burocráticos y realizar todas las gestiones relativas al negocio (pago de impuestos, firma de documentación, acceso a servicios bancarios, etc.) a través de internet.

Hasta aquí lo bonito… Las propias autoridades estonias advierten que el propósito de esta iniciativa no es la evasión de impuestos (se pretende generar negocio en el sector de asesoría para empresas y finanzas…) y abogan porque el empresario o empresa tributen en el país donde generan riqueza, trabajando actualmente en coherencia a su transparencia administrativa en el intercambio de información con otras administraciones nacionales.

Creemos conveniente subrayar que los interesados en esta alternativa deben estudiar y asesorarse acerca de las implicaciones fiscales de su condición como residentes digitales estonios y residentes fiscales en otros países…, por ejemplo, España. 

Si quieres más información sobre la obtención de la e-residencia estonia, puedes visitar su página web oficial.

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internacionalización y fiscalidad

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COVID-19 y la Renta… ¡Del año que viene!

La excepcional situación que estamos viviendo estos días va a tener su reflejo en diversos ámbitos. También en el tributario... Vamos con el caso del IRPF.

Uno de los aspectos más afectados por la pandemia, es el económico. El tejido empresarial mundial (también el español, lógicamente) se ha visto fuertemente afectado en muchas áreas, lo que ha producido una inmediata recesión que actualmente se está tratando de frenar con diversas políticas.

En España, conocidas son y analizadas en otros post de este blog las medidas contenidas dentro del paquete de acciones puestas en marcha por el Gobierno.

Dentro de estas medidas, algunas como ERTEs o la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos (CATA), han de ser estudiadas con la perspectiva de su tributación el año que viene en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Trabajadores afectados por un ERTE

Si nos hemos visto afectados por un ERTE de fuerza mayor en la empresa en la que trabajamos, ya sabemos que parte de la remuneración por nuestro trabajo a partir de la fecha de inicio del mismo, va a ser vía prestación a través del SEPE.

La primera consecuencia que de esto se deriva, dado que estas cantidades percibidas se consideran fiscalmente como rendimientos del trabajo, es que de cara a nuestra Renta del año que vienen, como mínimo, ya vamos a tener dos pagadores.

Actualmente, en caso de tener un sólo pagador, se está exonerado de presentar la declaración por rendimientos del trabajo si estos no superan los 22.000€. Sin embargo, en caso de tener dos o más pagadores, este límite se reduce a 14.000€ en el caso de tener más de un pagador cuando el segundo y sucesivos pagadores constituyan rentas percibidas por importe de 1.500€ o más.

Autónomos que obtengan la prestación CATA

En el caso de los trabajadores autónomos que hayan solicitado y obtenido la prestación extraordinaria por motivo del coronavirus por el cese de actividad, han de tener en cuenta:

  • Dicha prestación tributa en IRPF y tendrá la consideración de rendimientos del trabajo, por lo que habrá de ser incluida en esta categoría en el modelo 100 y, consecuentemente, no en el apartado de actividad económica. Además, no tendrán que ser incluida tampoco, en el caso de que se presenten pagos fraccionados, en el apartado de ingresos de la actividad del modelo trimestral 130.
  • Por otro lado y consecuencia de lo anterior, aquellos autónomos que hayan accedido a esta prestación por CATA, verán abonadas sus cuotas del RETA por el periodo para el que reciban dicha prestación. Esto tendremos que declararlo como ingreso de actividad económica para el periodo en que se reciba (*Igualmente, al cargarse con anterioridad en cuenta las correspondientes cuotas del RETA, estos importes se reflejarán como gastos de la actividad…)

Rescate de planes de pensiones

El pasado 14 de marzo, se publicó el Real Decreto 463/2020 donde se decretaba el estado de alarma, dando paso a diferentes medidas de carácter económico. Algunas de estas, publicadas en en los respectivos BOEs y articuladas en RDLs: Real Decreto-Ley 11/2020 de 1 de abril y Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, orientadas a aliviar situaciones de falta de liquidez de algunos hogares.

Entre ellas, cabe destacar la que permite el rescate de las cantidades aportadas y consolidadas en planes de pensiones para:

  1. Desempleo: trabajadores por cuenta ajena afectados por un ERTE en situación legal de desempleo.
  2. Cierre: empresarios obligados a cerrar el establecimiento donde ejercían su actividad.
  3. Cese: autónomos que hayan tenido que cesar su actividad.

Las cantidades cobradas por el ejercicio de esta opción bajo las condiciones descritas en el RDL, estarán sujetas al IRPF y no exentas, tributando en el IRPF como rendimientos del trabajo. Por tanto, aumentarán en este concepto la base imponible del impuesto pudiendo a su beneficiario hacer «saltar» de tramo del tipo impositivo (autonómico y estatal). Esto último, deberá ser especialmente tenido en cuenta cuando el rescate del mismo sea por la modalidad de capital o mixta (capital-renta) y no en forma de renta, ya que el total de la cantidad rescatada habrá de incorporarse íntegramente a la base imponible de este ejercicio (2020). 

Además, hay que tener en cuenta que en caso de varios rescates parciales en modalidad de capital, si el contribuyente tuviera derecho a la aplicación de la reducción fiscal del 40%, sólo podrá aplicarla una única vez, no pudiendo volver a hacerlo en rescates posteriores respecto del mismo supuesto excepcional de liquidez.

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Novedades sobre ERTEs – RDL 18/2020

Hoy ha salido publicado en el BOE un nuevo RDL , el 18/2020 de 12 de mayo que refleja el acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno en relación con los ERTES.

Daniel Blas, responsable del área laboral ha elaborado un resumen en el que resalta las principales cuestiones y novedades contenidas en el mismo. 

Además, si quieres saber un poco más sobre los ERTES  puedes ver el webinar que hizo para el Ayuntamiento de Zaragoza en Zaragoza Activa:

SOBRE LA VIGENCIA DE LOS ERTES DE FUERZA MAYOR Y POSIBILIDAD DE REINCORPORACIÓN DE LA PLANTILLA
 
En primer lugar, se desvinculan los ERTES de fuerza mayor del estado de alarma ya que se prevé que las empresas continuarán en situación de fuerza mayor mientras se sigan con las causas que motivaron el ERTE, estableciéndose en todo caso un límite temporal hasta el 30 de junio de 2020.
 
Igualmente, se permite una fuerza mayor parcial de tal manera que se podrá ir recuperando parcialmente la actividad hasta el 30 de junio de 2020 pero continuando con el ERTE y afectando a una parte de la plantilla.
 
De esta manera se podrá ir reincorporando a parte de la plantilla al trabajo, permitiéndose incluso ajustes de reducción de jornada de tal forma que las personas puedan trabajar unas horas en el día, la semana o lo que quede hasta el 30 de junio a tiempo parcial y siempre que esa reducción de jornada se sitúe entre un 10% y un 75% de la jornada ordinaria(no se puede trabajar una hora al día para entendernos y el resto de ERTE). Por la parte no trabajada se continuará de ERTE y la persona recibirá su prestación por desempleo(un 70% de la base reguladora y de ahí en el porcentaje de jornada que no trabaje).
 
En este sentido es de vital importancia planificar muy bien las necesidades de reincorporación antes de llevarlas a cabo para evitar disfunciones en las comunicaciones con el Sepe y que las personas tengan luego problemas con sus prestaciones.
 
De esta manera, se necesita conocer con antelación a que el trabajador se reincorpore las medidas concretas de esa vuelta al trabajo pues el RDL establece que si se produce una renuncia al ERTE por incorporar a la plantilla hay un plazo de 15 días para comunicarlo a la Autoridad Laboral. Igualmente, el RDL establece que las variaciones en los datos que puedan surgir de la suspensión o reducción de jornada hay que comunicarlas previamente al Sepe.
 
El nuevo RDL establece a su vez que se permitirán ERTES ETOP(causas económicas, técnicas, organizativas o productivas) que no son de Fuerza Mayor con las condiciones más ventajosas que se establecían en el Art 23 del RDley 8/2020 hasta el 30 de junio de 2020. Esas ventajas guardan relación básicamente con los plazos reducidos para llevarlos a cabo tanto para llegar a un acuerdo como para la constitución de la comisión negociadora.
 
Incluso se permite que una empresa que esté ahora con un ERTE por fuerza mayor pueda ir negociando un ERTE ETOP pudiendo ser la fecha de efectos de de este nuevo ERTE desde que finalice el ERTE por fuerza mayor( que como máximo será hasta el 30 de junio de 2020).
 
 
SOBRE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS ERTES
 
El RDL establece que las medidas extraordinarias de protección por desempleo estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2020. Eso significa que a partir de esa fecha ya no repone el desempleo de los días consumidos en un ERTE ni tampoco tendrá derecho quien no tenga cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años entre otros.
 
 
SOBRE LAS EXONERACIONES DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
 
Se podrá seguir beneficiándose de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020 en el caso de tener un ERTE por fuerza mayor.
 
En el caso de que las personas vuelvan al trabajo y reinicien la actividad se podrá disfrutar de una exención del 85% de la aportación empresarial durante mayo y del 70% durante junio(si la empresa tenía más de 50 personas en plantilla a fecha 29 de febrero de 2020 esos porcentajes bajan al 60% en mayo y 45% en junio). En el caso de que las personas se reincorporen con jornada parcial la reducción se aplica por la parte trabajada,
 
En el caso de que las personas que no hayan sido incorporadas al trabajo y que continúen de ERTE(mientras otros sí que han sido «sacados» del ERTE) también se podrá disfrutar de la exención pero en un menor porcentaje: el 60% de la aportación empresarial en mayo de 2020 y el 45% en junio( en empresas con más de 50 personas esos porcentajes serán del 45 y 30% respectivamente).
 
Para aplicar estas exoneraciones se comunicará a Tesorería la situación de fuerza mayor total o parcial y la identificación de las personas afectadas, debiendo presentar una declaración responsable antes del cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente.
 
Por último, las empresas que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán beneficiarse de estas medidas, ni tampoco se podrán repartir dividendos a las empresas de más de 50 personas que se acojan a estos beneficios en las exoneraciones(y salvo que los devuelvan).
 
 
 
SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO
 
El nuevo RDL refuerza el compromiso de las empresas de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de la reanudación de la actividad(y no desde el fin del estado de alarma) de tal manera que el compromiso de mantenimiento se iniciará cuando se reincorpore a alguien en la plantilla(no necesariamente cuando se incorporen todas las personas).
 
El compromiso se entiende incumplido si se despide o extingue el contrato de cualquiera de las personas afectadas por el ERTE por lo que hay que tener especial cautela en extinguir contratos ya que la consecuencia será el reintegro de las cotizaciones exoneradas con el recargo del 20% y de los intereses de demora(que por lo menos clarificado que no se devolverán las prestaciones por desempleo de las personas) y previa Inspección de Trabajo que acredite el incumplimiento(la Inspección actuará y comprobará) La redacción del texto da pie a pensar que si incumples con 1 sola persona reintegras todas las exoneraciones que hayas disfrutado de toda la plantilla.
 
 
Eso sí, no se considera incumplido ese compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una  interrupción del mismo. 
 
Para los contratos temporales que lleguen a su fin, no se entenderá incumplido el compromiso cuando el contrato se extinga por 
expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación(cuidado eso sí con los contratos temporales suscritos en fraude de ley por no acreditarse la causa temporal, ya que podría haber problemas).
 
Igualmente, se precisa que para el cumplimiento de este compromiso se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo, aunque no se precisa concretamente en qué consiste y las medidas concretas que mitiguen este compromiso.
 
Por último, no resultará de aplicación este compromiso de mantenimiento del empleo en el caso de aquellas empresas  en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la  Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal(El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso ; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período ; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades)
 
 
PROHIBICIÓN DE DESPEDIR Y CONTRATOS TEMPORALES EN EL ERTE
 
El RDL establece el fin de las limitaciones a despedir o extinguir el contrato por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el Covid 19 hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha se podrán extinguir y despedir conforme a causas relacionadas con el Covid 19(cuidado eso sí, con el compromiso de mantenimiento de empleo si te has beneficiado de un ERTE ya que aunque sea procedente, el despido por causas objetivas no está previsto como no incumplimiento del compromiso de empleo y se tendrán que reingresar las exoneraciones de cuotas con recargo e intereses) 
 
Por último, en relación a la suspensión de la duración de los contratos temporales de las personas en ERTE, dichos contratos temporales suspendidos en su duración se volverá a reabrir el cómputo a partir del 01 de julio de 2020.

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Nuevas líneas de avales ICO para empresas y autónomos afectados por el COVID-19

*ACTUALIZADO A 13 DE MAYO DE 2020

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de marzo el Acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, con el objetivo de apoyar a las empresas y autónomos españoles, garantizando el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo.

El 10 de abril se aprobó en el Consejo de Ministros el segundo tramo de las lineas de avales por otros 20.000 millones de euros. Sin embargo, este segundo tramo se dirige en exclusiva a PYMEs y autónomos, dejando fuera a grandes empresas (aquellas que facturen más de 600.000€).

El 9 de mayo se publicó en el BOE las condiciones y requisitos -adicionalmente a los establecidos en los tramos anteriormente aprobados- del tercer tramo de 20.000 millones de euros de avales ICO. *Para este tramo, se contempla que 10.000 millones (la mitad) vaya destinado a empresas no categorizadas como PYMEs.

IMPORTES:

  1. Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes.
  2. Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.

*REQUISITOS: empresas que no se hayen inmersas en ningún procedimiento concursal a 17 de marzo ni figuren en el CIRBE a 31 de diciembre de 2019

  • LÍMITES:
    1. En el caso de pymes y autónomos el aval ascenderá como máximo al 80% de la operación.
    2. En empresas que no reúnan la condición de pyme el aval cubrirá como máximo el 70% de nuevas operaciones y el 60% de operaciones de renovación.
  • CALENDARIO:
    1. Desde: aquellas operaciones no anteriores al 17 de marzo de 2020.
    2. Hasta: se puede solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020.
    3. Plazo operaciones: no más de 5 años.
  • ANÁLISIS DE RIESGO Y SELECCIÓN DE OPERACIÓN:
    1. Se avalarán las operaciones de hasta 50 millones de euros que hayan sido aprobadas por la entidad conforme a sus políticas de riesgos, sin perjuicio de comprobaciones posteriores sobre sus condiciones de elegibilidad.
    2. Se avalarán las operaciones por encima de 50 millones de euros una vez que ICO haya analizado el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de manera complementaria al análisis de la entidad financiera.

**Este esquema de avales será otorgado a los préstamos y otras modalidades de financiación a las empresas y autónomos concedidos por las entidades financieras con independencia de su fuente de financiación. No obstante, si la operación de préstamo contase con la financiación de ICO, el esquema previsto en este Acuerdo será aplicable a la participación de ICO en las mismas condiciones.

En RDL 15/2020 de 21 de abril de 2020 en relación a la linea de avales aprobada se aprueba lo siguiente:

1- Se modifica el RDL 8/2020 de 17/03, extendiéndose la concesión de los avales contemplados en la línea de 100.000mill€ que originalmente se destinaban al ICO -y de los cuales ya 40.000mill€ han sido puestos a disposición de empresas y autónomos por este a través de entidades financieras- pudiéndose ser destinados también a:
– la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) que, a su vez podría derivar a las diversas sociedad de garantía recíproca repartidas por todas las comunidades autónomas…
– a través de pagarés de la AIAF.
– y al MARF.
En próximos consejos de ministros se aprobará todo lo relativo a su puesta en marcha.
 
2- Para aquellas empresas que tuvieran concedidas subvenciones de la EPE (reembolsables) en forma de préstamo por el IDAE, se establece un aplazamiento en la devolución de las cuotas.
 
3- Por último, se establecen las condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio de Compensación de Seguros de los riesgos del seguro de crédito asumidos por las entidades aseguradoras privadas.
 
*En el BOE del 9 de mayo se aprueba nuevos avales relativos a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA).

Si quieres saber más sobre estas y otra medidas

(aunque iremos actualizando aquí esta información puntualmente)

Renta 2019

La agencia tributaria ha demostrado ser inmume a cualquier coronavirus. No se aplazan las declaraciones del 1T y la campaña de la Renta, comienza puntualmente...

Ayer, día 23 de marzo, arrancaba la campaña de la Renta y Patrimonio relativa al ejercicio 2019

Un año más, toda la campaña se gestiona principalmente a través de la web de la Agencia Tributaria y su aplicación «Renta web». Ya desde el año pasado, está disponible (algo que desaconsejamos) la opción de confirmar el borrador desde la aplicación de la AEAT para móvil…

Calendario

Novedades normativas

  • Obligación de declarar
    En el ejercicio 2019, el límite excluyente de la obligación de declarar  para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo se fija en 14.000 euros en los siguientes supuestos:
    • Cuando procedan de más de un pagador.
    • Cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas.
    • Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.
    • Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

Para los restantes contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo, el límite para declarar por la percepción de estos rendimientos se mantiene en 22.000 euros anuales.

 

  • Reducción por obtención de rendimientos del trabajo personal
    Para el ejercicio 2019, con el objeto de reducir la carga impositiva de los trabajadores con menores rentas, se aumenta tanto el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo (hasta 5.565 euros anuales) como el umbral de los rendimientos netos de trabajo que permiten aplicar esta reducción (hasta 16.825 euros).

De este modo, los contribuyentes que obtengan unos rendimientos netos del trabajo en 2019 inferiores a 16.825 euros, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, minorará el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías:

  1. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros anuales.
  2. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros anuales.

 

  • Limites excluyentes del método de estimación objetiva
    Para el ejercicio 2019 se mantienen los mismos límites cuantitativos excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018: tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior derivado del ejercicio de actividades económicas (250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales y 125.000 euros para las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario) como al volumen de compras en bienes y servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado). 

 

  • Obligaciones contables y registrales para actividades económicas
    Hasta 2018 los contribuyentes que llevaban la contabilidad de acuerdo a lo previsto en el Código de Comercio no estaban obligados a llevar libros registro. A partir del 1 de enero de 2019 esta excepción desaparece salvo para los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del método de estimación directa. El resto de contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas están obligados desde el 1 de enero de 2019 a llevar los libros registro que en cada caso determina la normativa del IRPF, aun cuando lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.

 

  • Planes individuales de ahorro sistemático
    Con el fin de abordar, desde la perspectiva fiscal, los problemas derivados del envejecimiento y la dependencia favoreciendo el ahorro, se exige que los contratos de seguro de vida celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019 que instrumenten planes individuales de ahorro sistemático y en los que se establezcan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, cumplan una serie de requisitos.

Estos requisitos no se exigen ni resultan de aplicación a los contratos de seguro de vida celebrados con anterioridad a 1 de abril de 2019, con independencia de que la constitución de la renta vitalicia se realice con posterioridad a dicha fecha.

 

  • Exención de ganancias patrimoniales en supuestos de reinversión en rentas vitalicias
    Al igual que en el caso de los Planes de Ahorro Sistemático y por el mismo motivo, esto es, para asegurar que la aplicación de la exención de la ganancia patrimonial por reinversión en renta vitalicia cumple con la finalidad pretendida de fomentar el ahorro previsional por contribuyentes mayores de 65 años, se especifican los requisitos que deben cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando se trate de contratos celebrados con posterioridad al 1 de abril de 2019, en los que se establezcan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento. Requisitos que son los mismos que para los Planes de Ahorro Sistemático.

Lo anterior no resulta de aplicación a los contratos de seguros de vida celebrados con anterioridad al 1 de abril de 2019.

 

  • Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas
    Estarán exentos para el ejercicio 2019 los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 euros.

 

  • Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor
    Desde el 1 de enero de 2019 el tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, se reduce del 19 al 15 por 100.

Novedades de gestión

Las novedades en este ámbito afectan dos apartados; el de inmuebles y el de actividades económicas:

 

INMUEBLES

  1. Se simplifica la identificación del domicilio fiscal del contribuyente, que este año se realizará de forma separada al resto de la declaración
  2. Se consolida en un único apartado, relativo a bienes inmuebles, toda la información relacionada con los inmuebles de los que es titular el contribuyente. Así, se reflejará, respecto de cada inmueble, el uso o usos que dicho inmueble haya tenido durante el ejercicio. En caso de arrendamiento:
    • se desglosan todos los conceptos necesarios para asistir al contribuyente en el cálculo del rendimiento de capital inmobiliario, particularmente de las cantidades destinadas a la amortización. Así, en el próximo ejercicio el contribuyente podrá obtener este importe directamente de Renta Web.
    • Se específica expresamente que solo deberán identificarse los NIFs de los arrendatarios cuando se trate de un arrendamiento de vivienda destinada a vivienda habitual; no debe informarse de los arrendatarios cuando se trate de arrendamientos turísticos o de locales de negocio.
  3. En relación con los rendimientos de capital inmobiliario, para agilizar la tramitación de las devoluciones y reducir el número de requerimientos, se crea un nuevo Anexo “D” de cumplimentación voluntaria, en el que los contribuyentes podrán consignar el NIF de los proveedores de determinados gastos, así como su importe.
  4. Otra importante novedad es la ratificación del domicilio fiscal, que solicitará a todos los contribuyentes cuando accedan a los distintos servicios de Campaña de Renta. Esto permitirá actualizar los domicilios y mejorar la gestión de las declaraciones. Se solicitará la ratificación del domicilio cuando usted consulte sus datos fiscales, acceda a los servicios personalizados de Renta y mis expedientes de IRPF, concierte cita previa o utilice la app de la Agencia Tributaria. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En relación con los “Rendimientos de actividades económicas en estimación directa”, para dar mayor seguridad jurídica a los obligados tributarios y poder en un futuro ofrecerles un servicio de traslado de datos de sus libros fiscales al modelo de declaración, se modifica la relación de ingresos computables y gastos deducibles.

Renta 2019

Empezaremos con la campaña de rentas en el mes de mayo. Hasta entonces puedes dejarnos un aviso para que contactemos contigo y te podamos dar cita

Prestación extraordinaria (por causa del coronavirus) por CESE de actividad

*ACTUALIZADO A 22 DE ABRIL DE 2020

 

Podéis descargar la guía/presentación pinchando AQUÍ.

 

Durante las últimas horas ha habido mucha confusión respecto a la denominada «Prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos» a causa de la crisis derivada del coronavirus. En parte por la manera en que esta cuestión ha sido tratada en algunos medios de comunicación y, por otro lado, debido a la falta de claridad de la autoridad legisladora a este respecto.

Así ha sido hasta el punto en que se ha llegado a publicar por parte del Gobierno la siguiente nota aclaratoria:

La prestación por cese de actividad para autónomos es algo que ya existía, como podéis ver en la propia página del SEPE.

Sin embargo, si se establecieron unas medidas especiales en el último paquete de medidas del Gobierno recogidos en el RDL 08/2020 de 17 de marzo para aquellos autónomos que la solicitaran por consecuencias derivadas de la afección a sus negocios de la crisis del coronavirus, haciendo su tramitación más ágil, reduciendo los plazos, y rebajando los requisitos.

También el RDL 15/2020 de 22 de abril se han introducido unas notas aclaratorias acerca de aquellos autónomos que no tienen Mutua.

IMPORTANTE. NO hay que darse de BAJA , al tratarse de algo temporal. Es requisito estar dado de alta en el RETA. La situación es de cese de actividad.

A cambio, podremos DURANTE UN MES o EL TIEMPO QUE SE PROLONGUE EL ESTADO DE ALARMA disfrutar de la prestación que nos corresponda. (*al haberse prorrogado este hasta el 9 de mayo, la vigencia de la prestación por cese será hasta el día 31 de mayo)

Adicionalmente, durante este periodo de tiempo se entenderán por cotizadas las cuotas de autónomo correspondientes. Es decir, que aunque no paguemos cuota durante ese tiempo continuaremos cotizando y, además, ese plazo no se considerará consumido de cara a la futura solicitud de prestaciones por cese.

La cuota de autónomo durante el periodo de alarma será cobrada y –tal y como se recoge en la nota informativa puesta a disposición por parte de la TGSSserá devuelta previa petición del interesado que ha de ser simultánea a la de solicitud de prestación (mismo plazo y documentación relativa a su pago) -ACTUALIZACIÓN a 24/03/2020: aunque TGSS mantiene abierta la posibilidad de solicitud de devolución de la cuota, en un tweet de esta misma mañana confirma que la devolución se llevará a cabo de oficio.

En este link de la Administración (y en el del párrafo anterior) se contestan preguntas relacionadas con la prestación por cese de actividad debido al COVID-19

¿Cuándo puedo solicitarla?

  • Si me he visto obligado a cerrar mi negocio según lo contemplado en el RDL 07/2020 de 14 de marzo.
  • Si puedo justificar que mis ingresos se han visto reducidos en un 75% o más respecto al promedio de los 6 últimos meses. *Por tanto, si esperáramos a abril para darnos de baja, el cálculo habría de hacerse teniendo en cuenta las ventas desde septiembre a febrero y las compararíamos con las de marzo.
Tendremos para ello el plazo de un mes desde la publicación de dicho Real Decreto, es decir, hasta el 14 de abril. (*Al prorrogarse el estado de alarma hasta el día 9 de mayo, ya se puede tener en cuenta para la solicitud de esta prestación el mes de abril (y mayo) en la disminución del 75% de los ingresos, ya que la fecha para pedir la prestación será el último día del mes siguiente a la finalización de estado de alarma.)

¿Cuánto supone la prestación que me corresponde?

  1. El 70% del promedio de la base de cotización de los doce meses anteriores.
  2. En caso de no alcanzar el periodo mínimo cotizado (12 meses), esta será el 70% de la base mínima de cotización (*que al continuar sin presupuestos generales sigue siendo la misma que en 2019, 944,40€). Por lo que nos corresponderían 661,08€.

¿Qué más tengo que tener en cuenta?

  • Para poderla solicitar se ha de estar afiliado y de alta en el RETA.
  • Estar al corriente de pagos de cuotas de Seguridad Social. *En caso de no estarlo, se debería proceder a subsanar la situación y poderse al día con el pago.
  • No estar percibiendo ninguna otra prestación; incapacidad temporal, nacimiento o cuidado de hijos menores de 12 meses
  • Será compatible con la solicitud y concesión de un ERTE..

¿Qué tengo que hacer para solicitarla?

Acceder a la página web de tu Mutua y solicitarla siguiendo las instrucciones indicadas en el formulario habilitado para ello.

En el caso de solicitud por descenso de ingresos >75% del promedio de los 6 últimos meses, la justificación se hará mediante información contable de este hecho; en el caso de autónomos, copia de los libros registro del IVA.

En caso de que no recuerdes tu mutua puedes localizarla en el formulario de alta en el RETA o con certificado electrónico, obteniendo un duplicado del mismo, en el apartado «mi Seguridad Social » de la web de la TGSS.

AUTÓNOMOS/AS SIN MUTUA

Se facilita que aquella personas dadas de alta en autónomos y que no optaron por una mutua en su día, ante las dificultades y el vacío legal para pedir el cese de actividad extraordinario puedan optar por la Mutua que deseen al tiempo de solicitar el CATA y así garantizar que la nueva entidad les pueda reconocer el derecho y facilitar su tramitación. Es decir, el hecho de presentar la solicitud en una Mutua se entenderá prácticamente como cumplir con el requisito de opción.

hola@lexintek.com · www.lexintek · 620 138 382

Plan de acción fiscal y laboral Vs el coronavirus para empresas y autónomos

*ACTUALIZADO A 22 DE ABRIL DE 2020

Lo primero que queremos comunicarte es que desde LNK vamos a apoyarte en todo lo que nos sea posible. Seguimos abiertos desde hoy lunes en modo "teletrabajo" y puedes contactar con nosotros a través de los medios habituales:

Fiscal&Contable: hola@lexintek.com

Laboral: laboral@lexintek.com

Tú y tu equipo nos importáis y, aunque entendemos que con tanta incertidumbre e interrogantes de por medio, el cuerpo te pide luchar por tu negocio es momento de cuidarse. No vamos a pedirte que dejes de hacerlo pero sí que lo hagas DESDE CASA para, juntos, intentar frenar la dichosa curva y matar al bicho…

#juntosloconseguiremos

#yomequedoencasa

Medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

El Real decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo recoge una serie de medidas generales para todas las personas e instituciones a fin de intentar paliar el impacto económico negativo derivado de esta situación. Y también medidas específicas para empresas y negocios…

Podemos concluir que las medidas ofertadas para ayudar a empresarios y autónomos son escasísimas. Mas aún si tenemos en cuenta que la Administración española estrangula con pesadas cargas en forma de tributos y cotizaciones a estos.

Aunque el Real decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo amplía el paquete de medidas, los autónomos siguen siendo los grandes «olvidados»…

Posteriormente se ha publicado el Real Decreto Ley 9/2020 de 28 de marzo que limita y concreta detalles acerca de los ERTEs y despidos durante el estado de alarma.

Posteriormente se publica el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo que rescinde la actividad presencial empresarial a aquellas consideradas «esenciales» y estable el permiso retribuido recuperable.

Comenzamos abril con la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 11/2020 de 1 de abril en el que se aprueban diversas medidas de ayudas a familias, colectivos desfavorecidos y, también, a autónomos y empresas; a través de acciones de apoyo a la industrialización que asegure los suministros necesarios para llevar a cabo la actividad.

Después el Real Decreto Ley 14/2020 de 14 de abril en el que, publicado el mismo día de la finalización del plazo de de domiciliación de aquellas autoliquidaciones tributarias relativas al primer trimestre fiscal del ejercicio, se prorroga el plazo de presentación de estas…

Por último, en el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril se amplían ciertas medidas de carácter fiscal, se desarrollan en mayor medida las ayudas a alquileres de locales afectos a la actividad, se precisa lo relativo a la linea de avales «ICO» que a partir de ahora también podrá ser articulada a través de otras instituciones.

A continuación te informamos acerca de las actuales medidas dispuestas por el Gobierno para intentar paliar esta situación:

*De igual manera que nosotros, las diferentes administraciones (AEAT, TGSS, SEPE, INAEM,…) se han visto afectadas y en la obligación de cerrar sus sedes de cara al público desde hoy lunes día 16 de marzo.

A nivel fiscal, únicamente se concede bajo determinados supuestos el aplazamiento de la deuda tributaria para aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos que para estos casos establece la LGT.

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 (PYME).

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

  1. El plazo será de seis meses.
  2. No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

El procedimiento (PROVISIONAL) de solicitud de dicho aplazamiento, puedes encontrarlo en la web de la Agencia Tributaria, donde cualquier novedad que se de en este sentido se recogerá.

Suspensión de plazos en el ámbito tributario

  • Se amplía los plazos de pago de la deuda, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020 y aquellos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020 . Tampoco se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles hasta dicha fecha.

Aplazamiento de las presentaciones y pago de autoliquidaciones relativas al 1T de 2020

Una de las principales demandas de asesores y empresarios era la de poder presentar las declaraciones del 1T junto a las del 2T dada la imposibilidad que en muchos casos había de obtener la información necesaria para poderlas preparar, problemas de liquidez…

Esta demanda ha sido ignorada hasta el día 14 de abril, provocando que muchos optáramos -prudentemente- por preparar (como hemos podido) y presentar en los plazos habituales todas o la mayoría de las declaraciones… Finalmente, el 15 de abril se ha publicado el RDL que aprueba la ampliación de los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.

Para aquellas presentaciones ya realizadas ya, el cobro será pospuesto hasta el 20 de mayo.

 
Pagos fraccionados del IS:
  • Se contempla la posibilidad de que aquellas empresas que cumplan con lo establecido en el RDL 14/2020 de 14/04, en el que se establecía el aplazamiento de las presentaciones tributarias y pago de las correspondientes deudas para determinadas empresas, puedan optar en este primer periodo del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades por el método establecido en el art.40.3 de la LIS.
  • Para aquellas empresas, cuyo volumen de negocios (facturacion) en el ejercicio 2019 no superara los 6.000.000€ y no cumplieran los requisitos anteriormente mencionados, podrán de cara al segundo periodo del pago fraccionado del impuesto (cuyo plazo de presentación finaliza el 20/10 de este ejercicio) optar por esta modalidad.
*Lo anterior será de vigente hasta la finalización del actual ejercicio fiscal y no podrá ser de aplicación por aquellos grupos fiscales que tributen en el Régimen Especial de Consolidación Fiscal.
 
Para aquellos autónomos que tributen en el régimen de estimación objetiva (EO):
  • Aquellos autónomos que en la correspondiente declaración del pagos fraccionados (IRPF) de este primer trimestre opten por la renuncia a tributar en esta modalidad, podrán volver a optar a ella en el primer trimestre de 2021 (IVA régimen simplificado).
  • Para el cálculo de la cuantía a pagar del impuesto (tanto en IRPF como en IVA) no se computarán los días del trimestre que queden comprendidos en los días del decretado estado de alarma.
 
IVA:
  • El tipo aplicable para determinado material medico-sanitario (dentro del que se inlcuyen mascarillas, EPIs, bombas respirados… Y recogido en el anexo de este BOE) y cuyas entregas vayan destinadas al uso por parte de entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social será del 0% para todas las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, debiéndose indicar en la facura como «operación exenta«.
  • Se modifica el art.91 DOS.1.2º de la Ley 37/1992 de IVA por el cual el tipo de IVA aplicable a los «e-books» o libros considerados como servicios prestados vía electrónica pasa del 21% a ser del 4%
 
Interrupción del inicio del periodo ejecutivo de aquellas deudas tributarias para las cuales se conceda financiación:
Cuando se cumplan las siguientes condiciones, se interrumpirá el plazo de ejecución de aquellas deudas tributarias que:
  1. Se solicite su aplazamiento hasta 5 días antes del fin del plazo de presentación.
  2. Se obtenga finanaciación por al menos el importe de alquna de ellas.
  3. Se conceda la financiación por una cuantía igual o superior al importe de dichas deudas.
  4. Se paguen las deudas en momento de obtención de la financiación.
En caso de incumplimiento de alguna de las anteriores condiciones, el plazo de ejecución de la deda no se considerará interrumpido.  
Para ello, la Agencia Tributaria podrá acceder directa y telemáticamente a toda la información relativa a la solicitud y concesión de la financiación.

Además se han recogido medidas orientadas a garantizar la liquidez de empresas y autónomos:

Línea de avales para las empresas y autónomos.

  • Se contempla que Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital facilite avales por importe de 100.000 millones de euros para la financiación de las necesidades operativas de las empresas.

Las condiciones aplicables y requisitos para cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros conforme a la normativa establecida para estos casos a nivel europeo.

 

Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO en financiación a empresas y autónomos.

  • Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto en los PGE a través de las distintas líneas ICO mediante intermediación de entidades financieras a medio y largo plazo,

Además, el ICO establecerá las medidas que sean precisas para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito a empresas.

 

Medidas de apoyo a las empresas exportadoras e importadoras.

  • Se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora -a través de CESCE- de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización de forma extraordinaria y por 6 meses desde la entrada en vigor de este RDL. Se recurrirá a mecanismos ágiles de decisión de las operaciones individuales que se imputen en la línea, así como para el análisis del riesgo de cada operación. Esta línea se instrumentará en dos tramos de 1.000 millones de euros. Todo ello, con las siguientes características/condiciones:
  1. Que respondan anuevas necesidades de financiacióny no a situaciones previas a la crisis actual.
  2. Aquellas consideradas comoPequeñas y MedianasEmpresas conforme a la definición del Anexo I del Reglamento UE 651/2014 de la Comisión, así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean entidades no cotizadas y en cumplimiento de determinados requisitos.
  • Se acuerda que el procedimiento de declaración y despacho aduanero pueda ser realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
  • Se contempla el aplazamiento de las deudas derivadas de declaraciones aduaneras.
  • Se habilita al ICEX a tramitar la devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales.
  • Con carácter general se suspende, sin necesidad de solicitud previa y durante un período de un año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo (EMPRENDETUR) que serán exigibles en la misma fecha del año siguiente al que figura en la resolución de concesión del préstamo, sin que ello implique el devengo de intereses adicionales.

Arrendamientos

Para todas aquellas PYMEs y autónomos que lleven a cabo su actividad (local afecto a la misma) en un local arrendado, en cumplimiento de las siguientes condiciones:
– Estar afiliado y dado de alta en alguno de los regímenes del RETA. En el caso de empresas, no superar los límites (tamaño de pequeñas y medianas empresas…) a que se refiere el texto refundido de la Ley de sociedades de capital.
– Que hayan visto suspendida su actividad con motivo de la entrada en vigor del estado de alarma, siendo esta una de las actividades recogidas en el RD 463/2020.
– En caso de no cumplir con el anterior requisito, justificar una reducción de los ingresos del último mes en al menos un 75% respecto al promedio del trimestre correspondiente a dicho mes en el ejercicio anterior.
 
Aquellas PYMEs o autónomos que cumplan los anteriores requisitos podrán:
– Cuando el local pertenezca a un arrendador considerado como «gran tenedor» (más de 10 inmuebles a su disposición), en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de este RDL (hasta el 22/05) podrán solicitar una moratoria que entraría automáticamente en vigor desde el establecimiento del estado de alarma de hasta 4 mensualidades del alquiler, cuyo pago podrá ser fraccionado en hasta 2 años siempre y cuando dicho periodo quede recogido dentro del plazo del contrato en vigor o sus correspondientes aplazamientos. Ello cuando no se haya pactado con anterioridad otras medidas o llegado a un acuerdo entre las partes
– Cuando el local pertenezca a otro tipo de arrendador que los anteriormente indicados, se podrá solicitar un aplazamiento -cuando antes no se haya llegado a otro acuerdo-. Se establece que en estos casos pueda utilizarse la fianza depositada para el pago de alguna o varias mensualidades a condición de que sea repuesta en el plazo máximo de 1 año.

Moratoria de la deuda hipotecaria

Para aquellos autónomos y profesionales que tienen una hipoteca vigente en relación a su vivienda habitual y esta es afecta a la actividad económica que desarrollan. Para ellos deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El empresario o profesional, ha de acreditar una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
  • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
    • Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). Esto es 1,613,52€…
    • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
    • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

Flexibilización de contratos de suministros para autónomos y empresas

  • Electricidad: excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa sin que ello conlleve penalización alguna. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la modificación o suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su restablecimiento o reactivación.
  • Gas natural: … *equivalente al punto anterior.

Otras cuestiones

Además de todo lo anterior, cabe destacar lo siguiente:

– En relación a los préstamos pendientes de resolución de concesión a empresas por SGIPYME se modifica el momento y plazo de aportación de garantías para los nuevos préstamos y se habilita la posibilidad de refinanciación de aquellos ya concedidos.

– Se contemplan medidas para paliar los efectos derivados de la cancelación de contratos públicos debido a la crisis generada por el COVID-19.

– Se facilitarán medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hubieran suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017.

– Se publican medidas enfocadas al ámbito mercantil a finde facilitar que las distintas personas jurídicas puedan adaptar las sesiones de los órganos de gobierno y de administración a la actual situación, relativas al funcionamiento de los órganos de gobiernos de las S.A. cotizadas, suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales durante el periodo de crisis y plazo de solicitud de concurso…

 
(*Toda la información actualiza al respecto en el link superior.)
 
DERECHO A PERCEPCIÓN DEL BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE HAYAN CESADO SU ACTIVIDAD O HAYAN VISTO REDUCIDA SU FACTURACIÓN
 

Deberán acreditar con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.

Será condición necesaria que la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual o inferior:

  • a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas –unos 18.824,40€-, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
  • a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas –unos 22.589,28€-, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
  • a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, –unos 26.354,16€– en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
 
MORATORIA Y APLAZAMIENTOS DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
 
Esta semana se han anunciado nuevas medidas para empresas y personas dadas de alta en autónomos. Estas medidas entre otras, pasan por la posibilidad de pedir aplazamientos o moratorias en el pago de la cuota de la seguridad social tanto del régimen general como de las cuotas de autónomos.
 
De momento no se ha publicado la Orden Ministerial que recogerán los requisitos adicionales para poder pedir una moratoria de los pagos, pero sí que se acaba de publicar unas instrucciones de Tesorería que os adjuntamos y que marcan las pautas para poder solicitar estas medidas.
 
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE MORATORIA Y APLAZAMIENTO?
Moratoria es la posibilidad de no abonar las cuotas de seguridad social para hacerlo más adelante en el plazo de 6 meses y sin intereses y Aplazamiento es la posibilidad de pagar las cuotas de manera fraccionada al tipo de interés del 0.5% y siempre que se ingrese en ese mes la parte de las cotizaciones de los trabajadores(que en las nóminas son del 6,35% o 6,4% de la base de cotización) y la parte de las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales(que dependen de la actividad de la empresa y del CNAE que se tiene)
 
De esta manera el nuevo Real Decreto establece la posibilidad para las empresas de pedir moratorias para los Seguros Sociales que se paguen entre mayo y julio de 2020 y/o pedir aplazamientos en los meses de abril a junio de 2020 al tipo de interés del 0,5%.
 
¿QUÉ ES LO QUE PUEDEN PEDIR ENTONCES LAS EMPRESAS EN RELACIÓN AL PAGO DE LOS SEGUROS SOCIALES?
El Real Decreto Ley establece que se podrá solicitar algunas de estas medidas(moratoria o aplazamiento) conforme a un calendario y siempre que se solicite antes del día 10 de cada mes en que esto esté vigente
 
  • En abril sólo se podrá pedir el aplazamiento(no la moratoria) si se solicita antes del día 10 de abril
  • En mayo se podrá solicitar la moratoria o en su defecto el aplazamiento y también antes del día 10 de mayo
  • En junio también se podrá solicitar la moratoria o el aplazamiento y antes del día 10 de junio
  • En julio solo podré solicitar la moratoria antes del día 10 de julio
 
Es decir, en el mes de abril solo podremos pedir un aplazamiento, en el mes de mayo moratoria o aplazamiento, en el mes de junio moratoria y aplazamiento y en el mes de julio solo podremos pedir la moratoria.
 
UN POCO LIO, ¿NO? ¿Y PARA LOS AUTÓNOMOS TAMBIÉN ES IGUAL?
En el caso de las cuotas de autónomos, también se podrá solicitar la moratoria o el aplazamiento antes del día 10 de cada mes de la siguiente forma:
 
  • En abril, solicitar hasta el próximo día 10 de abril, el aplazamiento en el pago de las cuotas correspondientes al mes de abril de 2020 en donde se ingresará una pequeña partida relativa a la cuota de autónomos por accidentes de trabajo y enfermedad profesional(un 1.10% de la base)
  • En mayo se podrá solicitar la moratoria o en su defecto el aplazamiento y también antes del día 10 de mayo
  • En junio también se podrá solicitar la moratoria o el aplazamiento y antes del día 10 de junio
  • En julio solo podré solicitar la moratoria antes del día 10 de julio
Es decir, en la cuota de autónomos en abril sólo se podrá pedir el aplazamiento, de mayo a junio la moratoria y el aplazamiento y en julio se podrá solicitar solo la moratoria.
 
¿Y SALE MEJOR LA MORATORIA O EL APLAZAMIENTO?
Aquí dependerá de la situación financiera de cada uno en términos de liquidez, ya que el aplazamiento supone pagar a más largo plazo según un calendario de pagos al interés del 0,5% pero abonando ciertas cantidades cada mes obligatoriamente(las cuotas de los trabajadores y las cuotas de accidentes y enfermedades profesionales).
 
La moratoria por el contrario supone en un primer momento no abonar las cuotas de seguridad social, pero luego se nos juntarán varios recibos de golpe pues las cuotas correspondientes a mayo, junio y julio, se deberán ingresar en los meses de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, y de forma simultánea con las cuotas de esos mismos meses (es decir, se nos juntarán varios pagos de golpe)
¿Y PUEDO PEDIR UNA MORATORIA UN MES Y UN APLAZAMIENTO OTRO MES?
El RDLey no precisa nada de que una medida sea incompatible con otra salvo en el mismo mes. Es decir, un mes puedo optar entre moratoria o aplazamiento mientras que un mes puedo elegir entre moratoria(pagaré más adelante en el calendario anterior que hemos comentado) y el mes siguiente podré pedir un aplazamiento. Todo ello salvo que la Orden Ministerial(todavía sin publicar) ponga algún requisito contrario en este sentido.
 
¿Y SI YO QUIERO NO PAGAR TODOS ESOS MESES POR LA MORATORIA PUEDO PEDIRLO TODO DE VEZ SIN ESPERARME AL DÍA 10 DE CADA MES?
 
Parece ser que se podrá presentar una solicitud por cada período de liquidación respecto del que se pretenda acceder a la moratoria en pago de las cuotas o una solicitud que comprenda varios períodos de liquidación consecutivos. Recordad que las moratorias se podrán empezar a pedir desde el próximo mes de mayo y eso sí, si tu empresa tiene varios códigos de cuenta de cotización habrá que indicar que se quiere pedir la moratoria por todos ellos o por los que se deseen.
 
¿TODO EL MUNDO PUEDE PEDIR UNA MORATORIA O UN APLAZAMIENTO?
De momento solo conocemos que las personas que YA TIENEN un aplazamiento concedido anteriormente o TIENEN ALGUNA DEUDA,  no podrán pedir uno nuevo beneficiándose de las nuevas condiciones y aquellas empresas que hayan hecho un ERTE de fuerza mayor y tengan EXONERADAS LAS CUOTAS de seguridad social en el mes en que se quiere solicitar la moratoria tampoco podrán solicitar esa moratoria. No obstante, esperamos(dado que la semana que viene ya es día 10) puedan sacar la Orden Ministerial con algún que otro requisito inesperado. No obstante, si la empresa tiene deudas anteriores podrá solicitar un aplazamiento pero no acogerse a las medidas más beneficiosas de estos aplazamientos al 0,5% de interés.
 
 
 
¿CÓMO SE PIDE LA MORATORIA Y EL APLAZAMIENTO?
 
Para aquellas empresas que os tenemos asignados a nuestra autorización de Red por contar con trabajadores y códigos de cuenta de cotización, nosotros seremos quienes nos encarguemos de ese trámite. 
 
Para las personas dadas de alta en autónomos y respecto a sus cuotas de autónomos podremos solicitarlo siempre que tengamos asignado el número de afiliación a nuestra autorización de Red, si no se podrá hacer con el certificado digital personal a través de la Sede Electrónica 
 
¿Y SI INCUMPLO LUEGO EL PAGO DE LOS APLAZAMIENTO O LA PROPIA MORATORIA?
En ese caso se perderán los beneficios y se aplicarán recargos e intereses más altos. De igual manera, conforme al artículo 33. 4 del Real Decreto 1415/2004 si la cantidad a aplazar es superior a 30.000€ parece que se seguirá teniendo que presentar un aval o garantía, con lo que antes de pedir el aplazamiento hay que tener presente si nuestras cuotas van a superar o no esa cantidad. En caso de incumplimiento podrá embargarse o ejecutar la garantía o el aval.

 

En relación con los aplazamientos de las cuotas de Seguridad Social, tanto del régimen general como en autónomos, se han introducido algunas novedades respecto a lo publicado anteriormente en los anteriores RDL.

Sigue vigente el interés del 0,5%, la incompatibilidad entre aplazamientos y moratoria y la posibilidad de pedir los aplazamientos en los 10 primeros días del mes. La novedad radica en que ahora se precisa que los aplazamientos se amortizan en pagos mensuales y que habrá que abonar esa cuota aplazada una vez se dicte resolución y en pagos hasta 4 mensualidades si hemos solicitado un único aplazamiento(es decir, pagaré en 4 veces la cantidad a partir de la resolución).

Hasta ahora no se precisaba el tiempo en el que podría aplazar la cuota y ahora con esta medida significa que en un máximo de 4 mensualidades tendré que abonar la cuota aplazada.

Igualmente, se precisa que los aplazamientos solo se pueden solicitar una única vez. Esto conlleva que si quiero solicitar un aplazamiento tengo que saber si aplazo una cuota(por ejemplo abril) o dos cuotas(abril y mayo) o tres cuotas(abril, mayo y junio) porque sólo podré hacer una única solicitud de aplazamiento. En el caso de aplazar dos o más cuotas el periodo de los 4 meses para abonarlo será por cuota aplazada(en el ejemplo de aplazar la cuota de abril y mayo entonces el pago se hará por cuotas mensuales hasta el máximo de 8 meses, 4 meses por cada cuota en la que se solicita el aplazamiento).

En el área laboral, no teníamos hasta hoy medida alguna. Por ello nuestro responsable de área, Daniel Blas, elaboró y compartió una guía como recurso de cara a conocer todas las opciones que a nivel laboral se podían tomar en las empresas ante esta situación. Puedes acceder a ella a través de este enlace a su blog.

No obstante, este último decreto ha incluido las siguientes medidas (Resumen confeccionado por Daniel Blas):

PRIMERA MEDIDA: TELETRABAJO
 
El decreto en el artículo 5 establece el carácter preferente del trabajo a distancia. Esto significa que si la empresa técnicamente puede instaurar el teletrabajo y el esfuerzo de adaptación no resulta desproporcionado esta opción es la principal a adoptar. Tal es así que el Decreto establece que esta media es PRIORITARIA frente al expediente de regulación de empleo(llamado ERTE).  Igualmente, para favorecer su implementación se entiende cumplidas las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con una simple autoevaluación de la persona trabajadora(que además es voluntaria para las personas el hacerla).
 
SEGUNDA MEDIDA: ADAPTAR JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS Y FAMILIARES E INCLUSO REDUCIRLA AL 100% 
 
El decreto en su artículo 6 establece que las personas tienen derecho a adaptar el horario y reducir su jornada de trabajo para evitar la transmisión del Covid-19. Esto significa que aquellas personas trabajadoras que tengan que cuidar de familiares por consaguinidad hasta el segundo grado(hijos/as menores sin colegio o que deban hacerse cargo de cónyuges o parejas de hecho enfermas por el coronavirus o por su condición de personas con diversidad funcional) pueden adaptar su jornada de trabajo o reducirla. Esta medida constituye un derecho de la persona trabajadora siempre y cuando se acredite la necesidad de cuidar de los familiares y que la petición de adaptación o reducción de la jornada sea razonable y proporcionada(teniendo en cuenta además las necesidades organizativas de la empresa para evitar abusos)
 
En caso de conflicto entre la petición de la persona trabajadora y la propuesta por la empresa, se podrá dirimir en los Juzgados de lo Social(algo que entendemos complicado dada la situación de parálisis) en un procedimiento rápido y preferente específico para casos de conciliación. No obstante, la propia ley habla de que ambas personas deberán hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo.
 
La adaptación de la jornada puede consistir por ejemplo en un cambio de turno, alteración del horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambios en la forma de prestación del trabajo(teletrabajo).
 
En caso de hijos menores de 12 años , de personas mayores con diversidad funcional o de personas que por edad o accidente no puedan valerse por sí mismas, las personas podrán pedir una reducción de jornada con la disminución proporcional del salario que podrá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación y podrá alcanzar el 100% de la jornada si la persona justifica su petición de manera razonable y proporcionada.
 
Nos queda la duda en esta situación si esa reducción de jornada al 100%(que implicaría el no abonar el salario) conllevaría el mantenimiento de la obligación de cotizar(que a priori y por seguridad jurídica entendemos que sí y con la base mínima de cotización)
 

 

El carácter preferente del trabajo a distancia(teletrabajo) y la posibilidad de que la persona trabajadora redujera su jornada hasta el máximo del 100% por cuidado de familiares tenían una vigencia limitada a un mes y vencían el 18 de abril. Ahora, en este nuevo RDL se extienden esas medidas 2 meses más, por lo que el carácter preferente del teletrabajo y la posibilidad de reducir la jornada hasta el 100% en caso de tener que hacerse cargo de familiares estará vigente hasta cómo mínimo el 18 de junio de 2020.

 
Novedades respecto a la limitación de la actividad empresarial a actividades consideradas ESENCIALES
 
Con el objetivo de frenar el avance del Covid-19 se establecen medidas más duras de confinamiento y se aprueba que aquellas actividades económicas que no se consideran esenciales no podrán abrir a partir del día 30 de marzo (aunque ese día se establece como transitorio…) hasta el 09 de abril con el objetivo de limitar la movilidad de las personas y por tanto la propagación del Covid-19.
 
Para aquellas empresas por tanto con trabajadores/as que no podrán prestar sus servicios, se ha establecido un  permiso retribuido de aplicación obligatoria a todas las personas trabajadoras que prestan servicios en aquellas empresas que no desarrollan actividades que sean esenciales.
 
¿QUÉ ES LO QUE LA GENTE TIENE QUE RECUPERAR?
 
El permiso retribuido consiste básicamente en que las personas de la empresa se quedarán en casa cobrando de la empresa durante esta medida y luego las personas trabajadoras deberán recuperar esas horas una vez termine ese periodo y se puedan reincorporar de nuevo a la actividad. Hay que precisar que en Aragón el jueves día 09 es festivo (jueves Santo) por lo que ese día y los siguientes (la Semana Santa) no pueden considerarse como horas a recuperar puesto que tienen la condición de festivo. La medida por tanto supone que las personas se quedarán en su casa y deberán recuperar las horas que hubieran trabajado en ese periodo de tiempo(sin contar descanso semanal ni festivos).
 
¿TODO EL MUNDO SE HA DE QUEDAR EN CASA CON ESE PERMISO RETRIBUIDO?
No, este permiso no es aplicable a aquellas empresas que hayan hecho un ERTE o lo vayan a solicitar ni tampoco a las personas que estén de baja médica o de baja por cuidado de menor de 12 meses.
 
Igualmente, tampoco es aplicable a las personas que están teletrabajando en sus casas aunque su actividad no sea esencial ya que no es que se cierre la actividad de la empresa si no que se restringe la movilidad de las personas trabajadoras, por lo que si se pueden establecer medidas de teletrabajo no será aplicable este permiso con sueldo. 
 
Tampoco afecta a las personas trabajadoras autónomas (aunque sí a sus trabajadores) dado que el RDL sólo hace referencia a trabajadores por cuenta ajena…. 
 
¿QUÉ REMUNERACIÓN PERCIBE LA PERSONA? ¿SE COTIZA A LA SEGURIDAD SOCIAL?
 
La persona recibirá su sueldo normal y sus complementos salariales (los extrasalariales no se percibirán) y además la empresa tendrá que cotizar a la Seguridad Social (sin que de momento se haya incluido ningún tipo de bonificación ni ayuda al respecto)
 
CUANDO TODO SE PASE, ¿CÓMO RECUPERA LA GENTE LAS HORAS?
El Real Decreto establece que empresa y plantilla se tendrá que poner de acuerdo en la recuperación de esas horas, estableciendo un procedimiento negociador que hay que seguir.  La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas entre la empresa y los representantes de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de 7 días(la negociación de la recuperación no puede llevar más de 7 días)
 
Es decir, no vale con que la empresa diga cuándo se han de recuperar esas horas, sino que hay que contactar primero con la representación sindical (CCOO y UGT) y en caso de que estos no se postulen para formar la comisión, las personas trabajadoras de la empresa podrán nombrar una comisión de un máximo de 3 personas para negociar con la empresa la recuperación de esas horas. Esa comisión la tendrán que formar las personas trabajadoras en el plazo máximo de 5 días.
 
Durante ese periodo de consultas, hay que negociar de buena fe para intentar llegar a un acuerdo donde se podrá fijar cuándo se recuperarán las horas y el preaviso mínimo con el que la persona conozca el día y la hora a recuperar.
 
¿Y SI NO LLEGO A UN ACUERDO CON LA GENTE?
 
Entonces será la decisión de la empresa sobre esa recuperación la que saldrá hacia adelante tras agotar el periodo de negociación de 7 días(procurando haber negociado de buena fe). Eso sí, la empresa tendrá que respetar los periodos mínimos de descanso diario(tendrá que pasar 12 horas desde la finalización de una jornada de trabajo y el comienzo de la siguiente) y el periodo mínimo de descanso semanal(respetar al menos el día y medio de descanso de la semana), además también se tendrán que respetar los derechos de conciliación de la vida personal , laboral y familiar.
 
OSTRAS, PERO YO TENGO UNA MÁQUINA QUE NO PUEDE PARAR
El decreto establece que en aquellas empresas no esenciales, podrán establecer un número mínimo de plantilla o turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Cuidado con esta medida porque no se dice que hay que ir a trabajar sino que por ejemplo, puede ir en estos días el personal administrativo por ejemplo para ordenar el pago de las nóminas si este trabajo no se puede hacer desde casa o en el caso de tener que «alimentar» una máquina que no puede parar, pero nunca se ha de realizar actividad productiva, (sólo cosas indispensables). Para estos casos lo mejor es utilizar el salvoconducto que os facilitamos  y que la persona conozca la tarea indispensable que va a realizar en el caso de le pregunten las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
 
¿QUÉ ACTIVIDADES POR TANTO SON ESENCIALES?
 
 
1. Por ejemplo son actividades esenciales las relacionadas en el estado de alarma como establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.  También aquellas empresas que  garantizan el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, y también las actividades de transporte.
 

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma(por ejemplo talleres de reparación).

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales(¡¡somos esenciales!!), traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.(comoercio on-line y su reparto)

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

 
Es recomendable echar un vistazo al listado y ante cualquier duda…¡mucho cuidado! y es que las autoridades podrán imponer sanciones(fuerzas y cuerpos de seguridad de estado y de las autoridades laborales a través de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social)  en el caso de que sigamos abiertos si nuestra actividad no es esencial. Para aquellos trabajadores por cuenta ajena (esta nueva medida NO afecta a los trabajadores por cuenta propia/autónomos) que acudan a su puesto de trabajo conforme a lo estipulado en el RDL, se habilita un MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Que deberá ser firmado por el responsable de la empresa.
 
CUARTA MEDIDA: LOS FAMOSOS ERTES
 
Antes de entrar en detalle de la medida más esperada, hay que tener en perspectiva dos cosas que se dicen en este Real Decreto: que el teletrabajo es la primera opción (y por tanto habrá que «demostrar» que no se puede implementar) y que la propia ley en su disposición adicional séptima dice que las medidas extraordinarias están supeditadas a que las empresas mantengan el empleo de sus trabajadores con todos sus medios a disposición . Por eso, las medidas que os voy a resumir pueden «volverse» en contra si al final se producen despidos de trabajadores (sin que la ley prevea si habrá sanciones o devoluciones de ayudas creando cierta inseguridad jurídica).
 
Durante el periodo de rescisión de la actividad empresarial a únicamente aquellas actividades consideradas ESENCIALES, se paralizan los ERTEs ordinarios y únicamente podrán llevarse a cabo aquellos considerados de Fuerza Mayor. (del 30 de marzo al 9 de abril).
 
QUINTA MEDIDA: EL ERTE DE FUERZA MAYOR
 
Si la causa son las pérdidas de actividad como consecuencia del coronavirus que implique la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales abiertos al público, restricciones en el transporte público, faltan suministros que impiden gravemente continuar con la actividad, o en el caso de situaciones urgentes debido al contagio de la plantilla entonces se podrá solicitar un ERTE de Fuerza Mayor.
 
La ley habla que ha de quedar debidamente acreditadas todas estas situaciones. Sabemos que todas las personas consideran que toda esta situación en general es de Fuerza Mayor pero puede ocurrir que la autoridad laboral no lo considere así y por tanto haya que acudir a un ERTE normal(cuyo procedimiento es diferente y más costoso). Si nuestra actividad está dentro de las actividades en las que se ha decretado el cierre por el Estado de Alarma será más fácil poder solicitar el ERTE por Fuerza Mayor. Si no es así será más complicado a tenor de lo previsto en este Decreto.
 
Para iniciar el ERTE hay que presentar una solicitud en donde habrá que acompañar un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y la documentación acreditativa. ES DECIR, NECESITAMOS QUE NOS FACILITÉIS LA INFORMACIÓN DE PORQUÉ VUESTRA ACTIVIDAD ESTÁ AFECTADA Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE(siendo muy importante su justificación)
 
Después, hay que comunicar la solicitud a las personas trabajadoras y la autoridad laboral emitirá la resolución en el plazo de 7 días previo informe potestativo de la Inspección de Trabajo. 
 
Se podrá solicitar con cualquier número de personas trabajadoras y si la autoridad laboral reconoce la Fuerza Mayor los efectos podrán ser desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor(que por ejemplo puede ser desde la obligación del cierre del establecimiento en el caso del estado de alerta).
 
 
SEXTA MEDIDA: AYUDAS EN EL CASO DE ERES DE FUERZA MAYOR
 
En el caso de que la Autoridad Laboral autorice el ERTE de suspensión o reducción de jornada, la empresa que sea una PYME(la mayoría) quedará exonerada de pagar las cuotas de Seguridad Social salvo la aportación de la cuota obrera(las deducciones de seguridad social de las nóminas) mientras dure el periodo de suspensión de los contratos o la reducción de jornada.
 
Se requerirá la presentación de una solicitud por parte de la empresa con las personas afectadas y los periodos concretos de la suspensión o reducción de jornada efectivamente disfrutados(sin que se sepa de momento el trámite concreto).
 
Novedades en relación a los Expedientes de Regulación de Empleo temporales
 
El RDLey fija una serie de actividades esenciales que no pueden cerrar como centros sanitarios y centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con diversidad funcional.  Si tu actividad se encuentra en una de ellas podrás reducir o suspender parcialmente la actividad pero nunca podrás cerrar(salvo contagio por una parte importante de la plantilla) imponiendo una serie de sanciones en el caso de proceder al cierre unilateral.
 
En relación con los famosos ERTES por fuerza mayor se precisa que su duración será solo hasta el estado de alarma(a fecha de hoy hasta el 11 de abril) aunque hayan sido aprobados por silencio administrativo.
 
En relación con el silencio administrativo se ratifica que si la Administración no contesta será silencio positivo(el ERTE de fuerza mayor saldrá adelante). Sin embargo, si el plazo general es de 5 días, la Comunidad Autónoma de Aragópublicó ayer una orden en la que se amplia el plazo para la resolución y notificación en 10 días.
 
El nuevo Real Decreto Ley, establece una serie de sanciones durísimas en relación con los ERTES de fuerza mayor, de tal manera que se impondrán sanciones en caso de que las solicitudes contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados o también si las medidas solicitadas no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. 
 
La redacción del RdLey deja un alto grado de discrecionalidad a las autoridades(la Inspección de Trabajo básicamente) para interpretar esas «incorreciones en los datos», o si las «medidas eran realmente necesarias» o «no tuvieran una conexión suficiente» con el ERTE por ejemplo.
 
Además de las sanciones propias(responsabilidad administrativa o penal en orden al fraude prestaciones), la otra consecuencia es que la empresa tendrá que ingresar las prestaciones de desempleo cobradas por su plantilla al Sepe, y abonar la diferencia entre el salario y la prestación por desempleo al trabajador. Igualmente, si la empresa se ha beneficiado de exoneraciones en la cotización(no pagar la Seguridad Social) tendrá que devolverlas con un 20% de recargo.
 
SÉPTIMA MEDIDA: ¿Y SI YO NO CUMPLO CON LOS REQUISITOS PARA UN ERE DE FUERZA MAYOR?
 
En ese caso habrá que tramitar un ERE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción clásico, aunque se han introducido algunos elementos que agilizan algo el procedimiento. 
 
Se tendrá que constituir una comisión integrada por 3 personas trabajadoras de la empresa designadas por el resto de compañeros y se ha reducido el plazo a 5 días el periodo en que deberá estar constituida.
 
En los casos del periodo de consultas el plazo se ha limitado a un máximo de 7 días, el mismo tiempo que tiene la inspección de trabajo para emitir un informe sobre este tipo de ERTE.
 
Hay que precisar que los ERTES que se tramiten y que no sean fuerza mayor NO SE PODRÁN BENEFICIAR DE NINGÚN TIPO DE AYUDA EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
 
Prohibición de despedir por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas por causa del Covid-19
 
La ley ha establecido que no será causa de despido objetivo ni causa de extinguir el contrato las extinciones de contrato basadas en la fuerza mayor o por motivos económicos, productivos, organizativos, técnicos y organizativos.
 
Esta prohibición queremos precisar que no es absoluta(no puedo despedir) sino que significa que el despido será considerado improcedente(con abono de 33 días por año de servicio). La Ley no precisa si se considerarán nulas o improcedentes estas extinciones, por lo que a nuestro criterio habrá que aplicar la jurisprudencia de nuestros tribunales que dice que «Cuando no hay causa legal para la extinción del contrato de trabajo y la causa real no se encuentra entre las tipificadas como determinantes de la nulidad del despido la calificación aplicable es la de improcedencia’ del despido, y no la de nulidad del mismo»(Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2001).
 
Esto significa que desde hoy(aunque los despidos realizados con anterioridad también pueden tener problemas en la calificación como procedentes) si se realiza un despido basándonos en la crisis económica originada por el Covid-19 o se finaliza un contrato por las mismas circunstancias entonces se declarará improcedente con la sanción de 33 días por año de servicio.
 
En relación con los contratos temporales(todos, incluidos los de formación, los de relevo o los interinidad) , el Real Decreto Ley establece que queda suspendida su duración en el caso de estar incluidos en un ERTE. Es decir, si la empresa hace un ERTE, los contratos temporales quedan interrumpidos en su duración, la cual volverá a computar una vez finalice el ERTE. Por tanto, si a la fecha de realizar un ERTE hay un trabajador que le quedaba un mes de contrato, la duración del contrato queda suspendida durante el ERTE y se reabrirá esa duración una vez finalice ese ERTE. 
 
Si la empresa no ha realizado ningún ERTE, entonces los contratos temporales siguen su duración normal y se pueden extinguir con normalidad(siempre que haya llegado el final de su duración y que en su día no se hubieran suscrito en fraude de ley).
 
Recordamos que esto es un medida diferente a la obligación de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes al fin del ERTE de fuerza mayor en el caso de que nos beneficiemos de la exoneración de cotizar a la Seguridad Social con lo que además de cumplir con esta medida, está también la suspensión de la duración de los contratos temporales. 
 

EN RELACIÓN A LOS ERTES FUERZA MAYOR ACTIVIDADES ESENCIALES

Se reconoce(hasta ahora no se podía) la posibilidad de realizar un ERTE de fuerza mayor para aquellas actividades consideradas esenciales si hay una parte de su actividad que se ve afectada por causa de fuerza mayor. Por ejemplo, en el caso de hipermercados que han de cerrar la zona de menaje, textil, etc pero mantener el supermercado por ser esencial, ahora se permitirá el realizar un ERTE de fuerza mayor por esos trabajadores afectados dedicados a esa venta al público de ropa o menaje.

SOBRE LA REVISIÓN DE ERTES Y LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para indicar que en el caso de que se efectúen o se comuniquen declaraciones con datos falsos o inexactos en orden a obtener prestaciones por desempleo estás se considerarán indebidas y será la empresa responsable de devolver las prestaciones por desempleo además de las posibles sanciones. Esto por ejemplo, afectará a empresas que en una hipotética inspección de Trabajo sobre los ERTES presentados se dictamine que se han consignado datos falsos o inexactos(por ejemplo un proveedor que no es tal o no es relevante en el caso de ERTES por falta de suministros) y las personas hayan obtenido la prestación por desempleo.

 
OCTAVA MEDIDA: ASPECTOS EN RELACIÓN CON EL DESEMPLEO
Durante las situaciones de suspensión y reducción de jornada, las personas cobran la prestación por desempleo. En este sentido se han introducido medidas de protección de tal manera que quedarán cubiertas la personas que no tengan el periodo mínimo cotizado para tener derecho al cobro de ese desempleo. Además, ese periodo en que las personas cobren el desempleo no se les contará como consumido para un desempleo posterior siempre y cuando y claro está sean personas que ya estuvieran contratadas con antelación. 
 
Como veis no está garantizado que todos los ERTES sean considerados de Fuerza Mayor y se corre el riesgo de presentarlo y que se deniegue por esta vía, alargándose el procedimiento más de lo deseado. Igualmente, el teletrabajo es la primera opción y además el mantenimiento del empleo surge del horizonte para en el caso de producirse posteriormente despidos se penalice las ayudas recibidas(sin que se conozca el cómo por el momento).
 
Obligaciones en relación con la prestación por desempleo y los ERTES
 
Por si no tuviéramos poco, el RDL establece por ley lo que hace días «obligaba» el Sepe a hacer y es que ahora las empresas que inicien un ERTE están obligadas a tramitar las prestaciones por desempleo de las personas trabajadoras, hasta tal punto que fija una serie de plazos que en caso de no cumplir pueden derivar en sanción grave cuya cuantía puede oscilar entre 626€ y 6.250€.
 
Por lo tanto, todas las empresas que hayan realizado o vayan a realizar un ERTE están obligadas a cumplimentar una solicitud colectiva con los datos que requiera el Sepe( una solicitud que ha cambiado ya un par de veces) y recapitular una autorización de cada persona para que de su consentimiento a esa solicitud de prestación colectiva.
 
El plazo para remitir esas solicitudes de prestación será de 5 días desde la solicitud. La realidad es que uno de esos datos a cumplimentar es el número de ERTE asignado, algo imposible de facilitar en 5 días si la Autoridad Laboral no se está pronunciando en ese plazo….
 
Estas son las nuevas medidas laborales vigentes hoy mismo y que buscan garantizar el empleo y el abuso en los ERTES que no tengan realmente una causa. El problema que vemos es la inseguridad jurídica que tendrán las empresas en el caso de tener que defenderse y justificar si sus medidas adoptadas contuvieran incorrecciones o si las medidas solicitadas no resultan necesarias o no tuvieran conexión suficiente a los ojos de la Inspección de Trabajo o del propio Sepe, siendo como son, sanciones elevadas y con devoluciones de prestaciones en el caso de no poder defenderse.
 
 
SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL
 

Con motivo del fin de contrato temporal las personas trabajadoras alas que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre podrán acceder al mismo.

Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los términos referidos en el párrafo anterior, por la extinción de un contrato de duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que cumplan el resto de requisitos previstos en este artículo.

El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente. Es decir, 430,27€/mes.

La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley.

SOBRE LA PROTECCIÓN DE DIVERSOS COLECTIVOS Y LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Se ha ampliado la protección por desempleo a aquellas personas que fueron dadas de baja por no superar el periodo de prueba a partir del 09 de marzo y no tuvieran derecho a cobrar la prestación(por ejemplo por haber cesado voluntariamente en el trabajo anterior).

Igualmente, se considera que podrán solicitar y cobrar el desempleo aquellas personas que hubieran cesado voluntariamente a partir del 01 de marzo por tener un compromiso firme de contratación por parte de otra empresa y que al final no hubieran podido incorporarse a ese trabajo como consecuencia de la crisis del Covid 19. La forma que tendrán de acreditar estas personas la situación legal de desempleo será mediante un escrito de la empresa en el que se refleje el desistimiento del contrato como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus.

Por último, se mejora la prestación por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos ampliándose el derecho a percibir la prestación con un máximo de 90 días, en el caso de que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como consecuencia del COVID-19 y que no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o no pueden acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario.

MEDIDAS PARA COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

En relación con las empresas de la denominada Economía Social, se permite que las sociedades laborales que se constituyeron en 2017 con 2 socios y que han de incorporar la tercera persona en el plazo de 36 meses, puedan posponer la incorporación de nuevos socios al ampliarse el plazo para incorporar a ese tercer socio en 12 meses más. Igualmente, las cooperativas podrán utilizar el Fondo de Promoción y Educación con la finalidad de paliar los efectos del Covid-19.

Declaración W-8. Necesaria para evitar la doble imposición al recibir pagos de USA.

Los modelos «W-8…» son certificaciones de status contributivo para personas no ciudadanos y no residentes de los Estados Unidos que reciben ingresos o beneficios de fuentes dentro de los Estados Unidos.

¿Y tengo, además de todo lo que presento aquí en España..., presentar ahora otra declaración en USA?

Bueno, certificar que no eres estadounidense ni residente fiscal en USA posibilita evitar lo que se conoce como doble imposición

Al obtener ingresos procedentes de USA, el IRS (hacienda estadounidense) aplica un gravamen sobre las rentas obtenidas obligando a aplicar una retención (%) a la hora de realizarse el correspondiente pago. Además, aquí en España, estas rentas también tributarán. Por ello el efecto impositivo sería «doble»…

Sin embargo, existen acuerdos entre muchos países a fin de evitar que un único hecho imponible (una sola renta/ingreso) sea gravado a la vez en el país del cliente y en el país del proveedor del -por poner un ejemplo- servicio prestado. 

Son los denominados CDI o Convenios de Doble Imposición. *En el link podéis encontrar todos los que España tiene suscritos con el resto de países.

El responsable de solicitarte cumplimentar el W8 será la institución financiera o el pagador estadounidense que, además de guardarlo en sus archivos, lo presentará al IRS en caso de que le sea requerido. 

Mmmmm... Entonces, me interesa. ¿W-8, qué?

Pues W-8, depende… En función de la condición en la que actúas y de las rentas percibidas:

  • W-8BEN para personas físicas no estadounidenses.
  • W-8BEN-E para personas jurídicas (sociedades) no estadounidenses.
  • W-8ECI para personas físicas no estadounidenses con ingresos que han sido identificados
    como ingresos conectados o relacionados con fuentes de los Estados Unidos (“Effectively
    Connected Income”), es decir, que ya han tributado previamente en territorio estadounidense.
  • W-8EXP para gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales,
    Bancos Centrales de Países, organizaciones extranjeras exentas de impuestos, fundaciones
    privadas extranjeras, o gobiernos de un protectorado de Estados Unidos.
  • W-8IMY para entidades que actúan de  intermediarias de personas o entidades
    foráneas con intereses en los Estados Unidos.

¿Cuál he de cumplimentar pues..?, ¿Y cómo?

En negrita hemos indicado los dos más habituales; en función de si se actúa como persona física o sociedad. No obstante, te recomendamos que acudas a tu asesor fiscal, que para eso estamos 🙂

Siguiendo el ejemplo que anteriormente hemos mencionado (trabajador autónomo español que factura unos servicios profesionales a una empresa de USA), de acuerdo al CDI entre SPÑ y USA (última revisión), conforme al art. 12, párrafo 1 estos servicios se identificarían como «cánones» y sólo correspondería su gravamen en España.

Esto debe reflejarse junto al resto de la información requerida en el formulario (imagen inferior)

NOTA: antes de la entrada en vigor de esta revisión, en noviembre de 2019, a pesar de ello se contemplaba la posibilidad de que el ISR gravara mediante retención un 5% sobre la base imposible (rendimientos netos menos gastos necesarios para su obtención) para estas rentas.

En caso de no justificar las condiciones aplicables para la exención total o parcial por doble imposición internacional mediante la correcta justificación de la misma a través de la presentación del modelo W-8, la renta estaría sujeta al impuesto (vía retención aplicada) en USA.

En el caso de la renta que estamos tomando como ejemplo, este gravamen ascendería al 30%…

Do you need help..?

Please, contact us:

Deducibilidad en IRPF por los pagos relativos a la vivienda habitual ante el cambio de hipoteca

Si adquirimos una vivienda antes del 31 de diciembre de 2012 y para ello obtuvimos la financiación mediante la formalización de una hipoteca, hemos podido aplicarnos en IRPF la denominada "deducción por adquisición de vivienda habitual"

Es decir, con el límite de 9.040,00€/año y en cumplimiento del resto de obligaciones legales y requisitos exigidos, podríamos aplicarnos dicho incentivo fiscal.

Con el paso de los años nos podemos ver en la tesitura de tener que evaluar un posible cambio de entidad financiera por distintos motivos; mejora de condiciones de financiación, cambio en las circunstancias personales que nos obliguen a suscribir una nueva hipoteca, etc.

En estos casos, puede asaltarnos la duda de si al modificar el préstamo o sustituirlo por otro vamos a poder seguir aplicándonos la deducción por los pagos relativos a la vivienda… ¿?

Pues bien, la Consulta Vinculante (Dirección General de Tributos) V0199-17 de 26 de Enero de 2017 es bien clara al respecto y confirma que el cambio de condiciones en la financiación no implica la pérdida del derecho a deducción siempre que, evidentemente, el nuevo préstamo se dedique efectivamente a la amortización del anterior. Además, en la consulta se señala lo siguiente:

Respecto del nuevo préstamo, como de cualquier otro, el consultante deberá poder acreditar la conexión con el prestamista, su destino vinculado a la vivienda y la justificación de su devolución; ello deberá efectuarse utilizando cualquiera de los medios de prueba generalmente admitidos en derecho, correspondiendo la valoración de las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

Es decir, tenemos que estar preparados en caso de que la Agencia Tributaria venga a «tocarnos las narices» y armarnos de paciencia para documentar y justificar el cambio de hipoteca…

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