*ACTUALIZADO A 4 DE ABRIL DE 2020

Lo primero que queremos comunicarte es que desde LNK vamos a apoyarte en todo lo que nos sea posible. Seguimos abiertos desde hoy lunes en modo "teletrabajo" y puedes contactar con nosotros a través de los medios habituales:

Fiscal&Contable: hola@lexintek.com

Laboral: laboral@lexintek.com

Tú y tu equipo nos importáis y, aunque entendemos que con tanta incertidumbre e interrogantes de por medio, el cuerpo te pide luchar por tu negocio es momento de cuidarse. No vamos a pedirte que dejes de hacerlo pero sí que lo hagas DESDE CASA para, juntos, intentar frenar la dichosa curva y matar al bicho…

#juntosloconseguiremos

#yomequedoencasa

Medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

El Real decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo recoge una serie de medidas generales para todas las personas e instituciones a fin de intentar paliar el impacto económico negativo derivado de esta situación. Y también medidas específicas para empresas y negocios…

Podemos concluir que las medidas ofertadas para ayudar a empresarios y autónomos son escasísimas. Mas aún si tenemos en cuenta que la Administración española estrangula con pesadas cargas en forma de tributos y cotizaciones a estos.

Aunque el Real decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo amplía el paquete de medidas, los autónomos siguen siendo los grandes «olvidados»…

Posteriormente se ha publicado el Real Decreto Ley 9/2020 de 28 de marzo que limita y concreta detalles acerca de los ERTEs y despidos durante el estado de alarma.

Posteriormente se publica el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo que rescinde la actividad presencial empresarial a aquellas consideradas «esenciales» y estable el permiso retribuido recuperable.

Por último -de momento- comenzamos abril con la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 11/2020 de 1 de abril en el que se aprueban diversas medidas de ayudas a familias, colectivos desfavorecidos y, también, a autónomos y empresas; a través de acciones de apoyo a la industrialización que asegure los suministros necesarios para llevar a cabo la actividad.

A continuación te informamos acerca de las actuales medidas dispuestas por el Gobierno para intentar paliar esta situación:

*De igual manera que nosotros, las diferentes administraciones (AEAT, TGSS, SEPE, INAEM,…) se han visto afectadas y en la obligación de cerrar sus sedes de cara al público desde hoy lunes día 16 de marzo.

A nivel fiscal, únicamente se concede bajo determinados supuestos el aplazamiento de la deuda tributaria para aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos que para estos casos establece la LGT.

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 (PYME).

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

  1. El plazo será de seis meses.
  2. No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

El procedimiento (PROVISIONAL) de solicitud de dicho aplazamiento, puedes encontrarlo en la web de la Agencia Tributaria, donde cualquier novedad que se de en este sentido se recogerá.

 

Suspensión de plazos en el ámbito tributario

  • Se amplía los plazos de pago de la deuda, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020 y aquellos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020 . Tampoco se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles hasta dicha fecha.

*Aquí queremos destacar que, por el momento, no se han prorrogado los plazos de presentación de los modelos tributarios y autoliquidaciones relativas al primer trimestre (enero, febrero y marzo) de este año por lo que habrá que estar al tanto de lo que haga o no haga la AEAT al respecto. Hasta ahora, la única medida relativa a esta cuestión es la posibilidad de solicitud de aplazamiento de las deudas tributarias en hasta 6 meses (3 primeros meses sin intereses) como ya os informábamos en el anterior correo.

Además se han recogido medidas orientadas a garantizar la liquidez de empresas y autónomos:

Línea de avales para las empresas y autónomos.

  • Se contempla que Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital facilite avales por importe de 100.000 millones de euros para la financiación de las necesidades operativas de las empresas.

Las condiciones aplicables y requisitos para cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros conforme a la normativa establecida para estos casos a nivel europeo.

 

Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO en financiación a empresas y autónomos.

  • Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto en los PGE a través de las distintas líneas ICO mediante intermediación de entidades financieras a medio y largo plazo,

Además, el ICO establecerá las medidas que sean precisas para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito a empresas.

 

Medidas de apoyo a las empresas exportadoras e importadoras.

  • Se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora -a través de CESCE- de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización de forma extraordinaria y por 6 meses desde la entrada en vigor de este RDL. Se recurrirá a mecanismos ágiles de decisión de las operaciones individuales que se imputen en la línea, así como para el análisis del riesgo de cada operación. Esta línea se instrumentará en dos tramos de 1.000 millones de euros. Todo ello, con las siguientes características/condiciones:
  1. Que respondan anuevas necesidades de financiacióny no a situaciones previas a la crisis actual.
  2. Aquellas consideradas comoPequeñas y MedianasEmpresas conforme a la definición del Anexo I del Reglamento UE 651/2014 de la Comisión, así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean entidades no cotizadas y en cumplimiento de determinados requisitos.
  • Se acuerda que el procedimiento de declaración y despacho aduanero pueda ser realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
  • Se contempla el aplazamiento de las deudas derivadas de declaraciones aduaneras.
  • Se habilita al ICEX a tramitar la devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales.
  • Con carácter general se suspende, sin necesidad de solicitud previa y durante un período de un año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo (EMPRENDETUR) que serán exigibles en la misma fecha del año siguiente al que figura en la resolución de concesión del préstamo, sin que ello implique el devengo de intereses adicionales.

Moratoria de la deuda hipotecaria

Para aquellos autónomos y profesionales que tienen una hipoteca vigente en relación a su vivienda habitual y esta es afecta a la actividad económica que desarrollan. Para ellos deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El empresario o profesional, ha de acreditar una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
  • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
    • Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). Esto es 1,613,52€…
    • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
    • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

 

Flexibilización de contratos de suministros para autónomos y empresas

  • Electricidad: excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa sin que ello conlleve penalización alguna. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la modificación o suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su restablecimiento o reactivación.
  • Gas natural: … *equivalente al punto anterior.

 

Otras cuestiones

Además de todo lo anterior, cabe destacar lo siguiente:

– En relación a los préstamos pendientes de resolución de concesión a empresas por SGIPYME se modifica el momento y plazo de aportación de garantías para los nuevos préstamos y se habilita la posibilidad de refinanciación de aquellos ya concedidos.

– Se contemplan medidas para paliar los efectos derivados de la cancelación de contratos públicos debido a la crisis generada por el COVID-19.

– Se facilitarán medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hubieran suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017.

– Se publican medidas enfocadas al ámbito mercantil a finde facilitar que las distintas personas jurídicas puedan adaptar las sesiones de los órganos de gobierno y de administración a la actual situación, relativas al funcionamiento de los órganos de gobiernos de las S.A. cotizadas, suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales durante el periodo de crisis y plazo de solicitud de concurso…

 
(*Toda la información actualiza al respecto en el link superior.)
 
DERECHO A PERCEPCIÓN DEL BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE HAYAN CESADO SU ACTIVIDAD O HAYAN VISTO REDUCIDA SU FACTURACIÓN
 

Deberán acreditar con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.

Será condición necesaria que la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual o inferior:

  • a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas –unos 18.824,40€-, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
  • a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas –unos 22.589,28€-, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
  • a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, –unos 26.354,16€– en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
 
MORATORIA Y APLAZAMIENTOS DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
 
Esta semana se han anunciado nuevas medidas para empresas y personas dadas de alta en autónomos. Estas medidas entre otras, pasan por la posibilidad de pedir aplazamientos o moratorias en el pago de la cuota de la seguridad social tanto del régimen general como de las cuotas de autónomos.
 
De momento no se ha publicado la Orden Ministerial que recogerán los requisitos adicionales para poder pedir una moratoria de los pagos, pero sí que se acaba de publicar unas instrucciones de Tesorería que os adjuntamos y que marcan las pautas para poder solicitar estas medidas.
 
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE MORATORIA Y APLAZAMIENTO?
 
Moratoria es la posibilidad de no abonar las cuotas de seguridad social para hacerlo más adelante en el plazo de 6 meses y sin intereses y Aplazamiento es la posibilidad de pagar las cuotas de manera fraccionada al tipo de interés del 0.5% y siempre que se ingrese en ese mes la parte de las cotizaciones de los trabajadores(que en las nóminas son del 6,35% o 6,4% de la base de cotización) y la parte de las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales(que dependen de la actividad de la empresa y del CNAE que se tiene)
 
De esta manera el nuevo Real Decreto establece la posibilidad para las empresas de pedir moratorias para los Seguros Sociales que se paguen entre mayo y julio de 2020 y/o pedir aplazamientos en los meses de abril a junio de 2020 al tipo de interés del 0,5%.
 
¿QUÉ ES LO QUE PUEDEN PEDIR ENTONCES LAS EMPRESAS EN RELACIÓN AL PAGO DE LOS SEGUROS SOCIALES?
 
El Real Decreto Ley establece que se podrá solicitar algunas de estas medidas(moratoria o aplazamiento) conforme a un calendario y siempre que se solicite antes del día 10 de cada mes en que esto esté vigente
 
  • En abril sólo se podrá pedir el aplazamiento(no la moratoria) si se solicita antes del día 10 de abril
  • En mayo se podrá solicitar la moratoria o en su defecto el aplazamiento y también antes del día 10 de mayo
  • En junio también se podrá solicitar la moratoria o el aplazamiento y antes del día 10 de junio
  • En julio solo podré solicitar la moratoria antes del día 10 de julio
 
Es decir, en el mes de abril solo podremos pedir un aplazamiento, en el mes de mayo moratoria o aplazamiento, en el mes de junio moratoria y aplazamiento y en el mes de julio solo podremos pedir la moratoria.
 
UN POCO LIO, ¿NO? ¿Y PARA LOS AUTÓNOMOS TAMBIÉN ES IGUAL?
 
En el caso de las cuotas de autónomos, también se podrá solicitar la moratoria o el aplazamiento antes del día 10 de cada mes de la siguiente forma:
 
  • En abril, solicitar hasta el próximo día 10 de abril, el aplazamiento en el pago de las cuotas correspondientes al mes de abril de 2020 en donde se ingresará una pequeña partida relativa a la cuota de autónomos por accidentes de trabajo y enfermedad profesional(un 1.10% de la base)
  • En mayo se podrá solicitar la moratoria o en su defecto el aplazamiento y también antes del día 10 de mayo
  • En junio también se podrá solicitar la moratoria o el aplazamiento y antes del día 10 de junio
  • En julio solo podré solicitar la moratoria antes del día 10 de julio

Es decir, en la cuota de autónomos en abril sólo se podrá pedir el aplazamiento, de mayo a junio la moratoria y el aplazamiento y en julio se podrá solicitar solo la moratoria.
 
¿Y SALE MEJOR LA MORATORIA O EL APLAZAMIENTO?
 
Aquí dependerá de la situación financiera de cada uno en términos de liquidez, ya que el aplazamiento supone pagar a más largo plazo según un calendario de pagos al interés del 0,5% pero abonando ciertas cantidades cada mes obligatoriamente(las cuotas de los trabajadores y las cuotas de accidentes y enfermedades profesionales).
 
La moratoria por el contrario supone en un primer momento no abonar las cuotas de seguridad social, pero luego se nos juntarán varios recibos de golpe pues las cuotas correspondientes a mayo, junio y julio, se deberán ingresar en los meses de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, y de forma simultánea con las cuotas de esos mismos meses (es decir, se nos juntarán varios pagos de golpe)
 
¿Y PUEDO PEDIR UNA MORATORIA UN MES Y UN APLAZAMIENTO OTRO MES?
 
El RDLey no precisa nada de que una medida sea incompatible con otra salvo en el mismo mes. Es decir, un mes puedo optar entre moratoria o aplazamiento mientras que un mes puedo elegir entre moratoria(pagaré más adelante en el calendario anterior que hemos comentado) y el mes siguiente podré pedir un aplazamiento. Todo ello salvo que la Orden Ministerial(todavía sin publicar) ponga algún requisito contrario en este sentido.
 
¿Y SI YO QUIERO NO PAGAR TODOS ESOS MESES POR LA MORATORIA PUEDO PEDIRLO TODO DE VEZ SIN ESPERARME AL DÍA 10 DE CADA MES?
 
Parece ser que se podrá presentar una solicitud por cada período de liquidación respecto del que se pretenda acceder a la moratoria en pago de las cuotas o una solicitud que comprenda varios períodos de liquidación consecutivos. Recordad que las moratorias se podrán empezar a pedir desde el próximo mes de mayo y eso sí, si tu empresa tiene varios códigos de cuenta de cotización habrá que indicar que se quiere pedir la moratoria por todos ellos o por los que se deseen.
 
¿TODO EL MUNDO PUEDE PEDIR UNA MORATORIA O UN APLAZAMIENTO?
 
De momento solo conocemos que las personas que YA TIENEN un aplazamiento concedido anteriormente o TIENEN ALGUNA DEUDA,  no podrán pedir uno nuevo beneficiándose de las nuevas condiciones y aquellas empresas que hayan hecho un ERTE de fuerza mayor y tengan EXONERADAS LAS CUOTAS de seguridad social en el mes en que se quiere solicitar la moratoria tampoco podrán solicitar esa moratoria. No obstante, esperamos(dado que la semana que viene ya es día 10) puedan sacar la Orden Ministerial con algún que otro requisito inesperado. No obstante, si la empresa tiene deudas anteriores podrá solicitar un aplazamiento pero no acogerse a las medidas más beneficiosas de estos aplazamientos al 0,5% de interés.
 
 
 
¿CÓMO SE PIDE LA MORATORIA Y EL APLAZAMIENTO?
 
Para aquellas empresas que os tenemos asignados a nuestra autorización de Red por contar con trabajadores y códigos de cuenta de cotización, nosotros seremos quienes nos encarguemos de ese trámite. 
 
Para las personas dadas de alta en autónomos y respecto a sus cuotas de autónomos podremos solicitarlo siempre que tengamos asignado el número de afiliación a nuestra autorización de Red, si no se podrá hacer con el certificado digital personal a través de la Sede Electrónica 
 
¿Y SI INCUMPLO LUEGO EL PAGO DE LOS APLAZAMIENTO O LA PROPIA MORATORIA?
 
En ese caso se perderán los beneficios y se aplicarán recargos e intereses más altos. De igual manera, conforme al artículo 33. 4 del Real Decreto 1415/2004 si la cantidad a aplazar es superior a 30.000€ parece que se seguirá teniendo que presentar un aval o garantía, con lo que antes de pedir el aplazamiento hay que tener presente si nuestras cuotas van a superar o no esa cantidad. En caso de incumplimiento podrá embargarse o ejecutar la garantía o el aval.

En el área laboral, no teníamos hasta hoy medida alguna. Por ello nuestro responsable de área, Daniel Blas, elaboró y compartió una guía como recurso de cara a conocer todas las opciones que a nivel laboral se podían tomar en las empresas ante esta situación. Puedes acceder a ella a través de este enlace a su blog.

No obstante, este último decreto ha incluido las siguientes medidas (Resumen confeccionado por Daniel Blas):

PRIMERA MEDIDA: TELETRABAJO
 
El decreto en el artículo 5 establece el carácter preferente del trabajo a distancia. Esto significa que si la empresa técnicamente puede instaurar el teletrabajo y el esfuerzo de adaptación no resulta desproporcionado esta opción es la principal a adoptar. Tal es así que el Decreto establece que esta media es PRIORITARIA frente al expediente de regulación de empleo(llamado ERTE).  Igualmente, para favorecer su implementación se entiende cumplidas las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con una simple autoevaluación de la persona trabajadora(que además es voluntaria para las personas el hacerla) .
 
 
SEGUNDA MEDIDA: ADAPTAR JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS Y FAMILIARES E INCLUSO REDUCIRLA AL 100% 
 
El decreto en su artículo 6 establece que las personas tienen derecho a adaptar el horario y reducir su jornada de trabajo para evitar la transmisión del Covid-19. Esto significa que aquellas personas trabajadoras que tengan que cuidar de familiares por consaguinidad hasta el segundo grado(hijos/as menores sin colegio o que deban hacerse cargo de cónyuges o parejas de hecho enfermas por el coronavirus o por su condición de personas con diversidad funcional) pueden adaptar su jornada de trabajo o reducirla. Esta medida constituye un derecho de la persona trabajadora siempre y cuando se acredite la necesidad de cuidar de los familiares y que la petición de adaptación o reducción de la jornada sea razonable y proporcionada(teniendo en cuenta además las necesidades organizativas de la empresa para evitar abusos)
 
En caso de conflicto entre la petición de la persona trabajadora y la propuesta por la empresa, se podrá dirimir en los Juzgados de lo Social(algo que entendemos complicado dada la situación de parálisis) en un procedimiento rápido y preferente específico para casos de conciliación. No obstante, la propia ley habla de que ambas personas deberán hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo.
 
La adaptación de la jornada puede consistir por ejemplo en un cambio de turno, alteración del horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambios en la forma de prestación del trabajo(teletrabajo).
 
En caso de hijos menores de 12 años , de personas mayores con diversidad funcional o de personas que por edad o accidente no puedan valerse por sí mismas, las personas podrán pedir una reducción de jornada con la disminución proporcional del salario que podrá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación y podrá alcanzar el 100% de la jornada si la persona justifica su petición de manera razonable y proporcionada.
 
Nos queda la duda en esta situación si esa reducción de jornada al 100%(que implicaría el no abonar el salario) conllevaría el mantenimiento de la obligación de cotizar(que a priori y por seguridad jurídica entendemos que sí y con la base mínima de cotización)
 
 
Novedades respecto a la limitación de la actividad empresarial a actividades consideradas ESENCIALES
 
Con el objetivo de frenar el avance del Covid-19 se establecen medidas más duras de confinamiento y se aprueba que aquellas actividades económicas que no se consideran esenciales no podrán abrir a partir del día 30 de marzo (aunque ese día se establece como transitorio…) hasta el 09 de abril con el objetivo de limitar la movilidad de las personas y por tanto la propagación del Covid-19.
 
Para aquellas empresas por tanto con trabajadores/as que no podrán prestar sus servicios, se ha establecido un  permiso retribuido de aplicación obligatoria a todas las personas trabajadoras que prestan servicios en aquellas empresas que no desarrollan actividades que sean esenciales.
 
¿QUÉ ES LO QUE LA GENTE TIENE QUE RECUPERAR?
 
El permiso retribuido consiste básicamente en que las personas de la empresa se quedarán en casa cobrando de la empresa durante esta medida y luego las personas trabajadoras deberán recuperar esas horas una vez termine ese periodo y se puedan reincorporar de nuevo a la actividad. Hay que precisar que en Aragón el jueves día 09 es festivo (jueves Santo) por lo que ese día y los siguientes (la Semana Santa) no pueden considerarse como horas a recuperar puesto que tienen la condición de festivo. La medida por tanto supone que las personas se quedarán en su casa y deberán recuperar las horas que hubieran trabajado en ese periodo de tiempo(sin contar descanso semanal ni festivos).
 
¿TODO EL MUNDO SE HA DE QUEDAR EN CASA CON ESE PERMISO RETRIBUIDO?
No, este permiso no es aplicable a aquellas empresas que hayan hecho un ERTE o lo vayan a solicitar ni tampoco a las personas que estén de baja médica o de baja por cuidado de menor de 12 meses.
 
Igualmente, tampoco es aplicable a las personas que están teletrabajando en sus casas aunque su actividad no sea esencial ya que no es que se cierre la actividad de la empresa si no que se restringe la movilidad de las personas trabajadoras, por lo que si se pueden establecer medidas de teletrabajo no será aplicable este permiso con sueldo. 
 
Tampoco afecta a las personas trabajadoras autónomas (aunque sí a sus trabajadores) dado que el RDL sólo hace referencia a trabajadores por cuenta ajena…. 
 
¿QUÉ REMUNERACIÓN PERCIBE LA PERSONA? ¿SE COTIZA A LA SEGURIDAD SOCIAL?
 
La persona recibirá su sueldo normal y sus complementos salariales (los extrasalariales no se percibirán) y además la empresa tendrá que cotizar a la Seguridad Social (sin que de momento se haya incluido ningún tipo de bonificación ni ayuda al respecto)
 
CUANDO TODO SE PASE, ¿CÓMO RECUPERA LA GENTE LAS HORAS?
El Real Decreto establece que empresa y plantilla se tendrá que poner de acuerdo en la recuperación de esas horas, estableciendo un procedimiento negociador que hay que seguir.  La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas entre la empresa y los representantes de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de 7 días(la negociación de la recuperación no puede llevar más de 7 días)
 
Es decir, no vale con que la empresa diga cuándo se han de recuperar esas horas, sino que hay que contactar primero con la representación sindical (CCOO y UGT) y en caso de que estos no se postulen para formar la comisión, las personas trabajadoras de la empresa podrán nombrar una comisión de un máximo de 3 personas para negociar con la empresa la recuperación de esas horas. Esa comisión la tendrán que formar las personas trabajadoras en el plazo máximo de 5 días.
 
Durante ese periodo de consultas, hay que negociar de buena fe para intentar llegar a un acuerdo donde se podrá fijar cuándo se recuperarán las horas y el preaviso mínimo con el que la persona conozca el día y la hora a recuperar.
 
¿Y SI NO LLEGO A UN ACUERDO CON LA GENTE?
 
Entonces será la decisión de la empresa sobre esa recuperación la que saldrá hacia adelante tras agotar el periodo de negociación de 7 días(procurando haber negociado de buena fe). Eso sí, la empresa tendrá que respetar los periodos mínimos de descanso diario(tendrá que pasar 12 horas desde la finalización de una jornada de trabajo y el comienzo de la siguiente) y el periodo mínimo de descanso semanal(respetar al menos el día y medio de descanso de la semana), además también se tendrán que respetar los derechos de conciliación de la vida personal , laboral y familiar.
 
OSTRAS, PERO YO TENGO UNA MÁQUINA QUE NO PUEDE PARAR
El decreto establece que en aquellas empresas no esenciales, podrán establecer un número mínimo de plantilla o turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Cuidado con esta medida porque no se dice que hay que ir a trabajar sino que por ejemplo, puede ir en estos días el personal administrativo por ejemplo para ordenar el pago de las nóminas si este trabajo no se puede hacer desde casa o en el caso de tener que «alimentar» una máquina que no puede parar, pero nunca se ha de realizar actividad productiva, (sólo cosas indispensables). Para estos casos lo mejor es utilizar el salvoconducto que os facilitamos  y que la persona conozca la tarea indispensable que va a realizar en el caso de le pregunten las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
 
¿QUÉ ACTIVIDADES POR TANTO SON ESENCIALES?
 
 
1. Por ejemplo son actividades esenciales las relacionadas en el estado de alarma como establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.  También aquellas empresas que  garantizan el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, y también las actividades de transporte.
 

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma(por ejemplo talleres de reparación).

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales(¡¡somos esenciales!!), traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.(comoercio on-line y su reparto)

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

 
Es recomendable echar un vistazo al listado y ante cualquier duda…¡mucho cuidado! y es que las autoridades podrán imponer sanciones(fuerzas y cuerpos de seguridad de estado y de las autoridades laborales a través de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social)  en el caso de que sigamos abiertos si nuestra actividad no es esencial. Para aquellos trabajadores por cuenta ajena (esta nueva medida NO afecta a los trabajadores por cuenta propia/autónomos) que acudan a su puesto de trabajo conforme a lo estipulado en el RDL, se habilita un MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Que deberá ser firmado por el responsable de la empresa.
 
CUARTA MEDIDA: LOS FAMOSOS ERTES
 
Antes de entrar en detalle de la medida más esperada, hay que tener en perspectiva dos cosas que se dicen en este Real Decreto: que el teletrabajo es la primera opción (y por tanto habrá que «demostrar» que no se puede implementar) y que la propia ley en su disposición adicional séptima dice que las medidas extraordinarias están supeditadas a que las empresas mantengan el empleo de sus trabajadores con todos sus medios a disposición . Por eso, las medidas que os voy a resumir pueden «volverse» en contra si al final se producen despidos de trabajadores (sin que la ley prevea si habrá sanciones o devoluciones de ayudas creando cierta inseguridad jurídica).
 
Durante el periodo de rescisión de la actividad empresarial a únicamente aquellas actividades consideradas ESENCIALES, se paralizan los ERTEs ordinarios y únicamente podrán llevarse a cabo aquellos considerados de Fuerza Mayor. (del 30 de marzo al 9 de abril).
 
QUINTA MEDIDA: EL ERTE DE FUERZA MAYOR
 
Si la causa son las pérdidas de actividad como consecuencia del coronavirus que implique la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales abiertos al público, restricciones en el transporte público, faltan suministros que impiden gravemente continuar con la actividad, o en el caso de situaciones urgentes debido al contagio de la plantilla entonces se podrá solicitar un ERTE de Fuerza Mayor.
 
La ley habla que ha de quedar debidamente acreditadas todas estas situaciones. Sabemos que todas las personas consideran que toda esta situación en general es de Fuerza Mayor pero puede ocurrir que la autoridad laboral no lo considere así y por tanto haya que acudir a un ERTE normal(cuyo procedimiento es diferente y más costoso). Si nuestra actividad está dentro de las actividades en las que se ha decretado el cierre por el Estado de Alarma será más fácil poder solicitar el ERTE por Fuerza Mayor. Si no es así será más complicado a tenor de lo previsto en este Decreto.
 
Para iniciar el ERTE hay que presentar una solicitud en donde habrá que acompañar un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y la documentación acreditativa. ES DECIR, NECESITAMOS QUE NOS FACILITÉIS LA INFORMACIÓN DE PORQUÉ VUESTRA ACTIVIDAD ESTÁ AFECTADA Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE(siendo muy importante su justificación)
 
Después, hay que comunicar la solicitud a las personas trabajadoras y la autoridad laboral emitirá la resolución en el plazo de 7 días previo informe potestativo de la Inspección de Trabajo. 
 
Se podrá solicitar con cualquier número de personas trabajadoras y si la autoridad laboral reconoce la Fuerza Mayor los efectos podrán ser desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor(que por ejemplo puede ser desde la obligación del cierre del establecimiento en el caso del estado de alerta).
 
 
SEXTA MEDIDA: AYUDAS EN EL CASO DE ERES DE FUERZA MAYOR
 
En el caso de que la Autoridad Laboral autorice el ERTE de suspensión o reducción de jornada, la empresa que sea una PYME(la mayoría) quedará exonerada de pagar las cuotas de Seguridad Social salvo la aportación de la cuota obrera(las deducciones de seguridad social de las nóminas) mientras dure el periodo de suspensión de los contratos o la reducción de jornada.
 
Se requerirá la presentación de una solicitud por parte de la empresa con las personas afectadas y los periodos concretos de la suspensión o reducción de jornada efectivamente disfrutados(sin que se sepa de momento el trámite concreto).
 
Novedades en relación a los Expedientes de Regulación de Empleo temporales
 
El RDLey fija una serie de actividades esenciales que no pueden cerrar como centros sanitarios y centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con diversidad funcional.  Si tu actividad se encuentra en una de ellas podrás reducir o suspender parcialmente la actividad pero nunca podrás cerrar(salvo contagio por una parte importante de la plantilla) imponiendo una serie de sanciones en el caso de proceder al cierre unilateral.
 
En relación con los famosos ERTES por fuerza mayor se precisa que su duración será solo hasta el estado de alarma(a fecha de hoy hasta el 11 de abril) aunque hayan sido aprobados por silencio administrativo.
 
En relación con el silencio administrativo se ratifica que si la Administración no contesta será silencio positivo(el ERTE de fuerza mayor saldrá adelante). Sin embargo, si el plazo general es de 5 días, la Comunidad Autónoma de Aragópublicó ayer una orden en la que se amplia el plazo para la resolución y notificación en 10 días.
 
El nuevo Real Decreto Ley, establece una serie de sanciones durísimas en relación con los ERTES de fuerza mayor, de tal manera que se impondrán sanciones en caso de que las solicitudes contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados o también si las medidas solicitadas no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. 
 
La redacción del RdLey deja un alto grado de discrecionalidad a las autoridades(la Inspección de Trabajo básicamente) para interpretar esas «incorreciones en los datos», o si las «medidas eran realmente necesarias» o «no tuvieran una conexión suficiente» con el ERTE por ejemplo.
 
Además de las sanciones propias(responsabilidad administrativa o penal en orden al fraude prestaciones), la otra consecuencia es que la empresa tendrá que ingresar las prestaciones de desempleo cobradas por su plantilla al Sepe, y abonar la diferencia entre el salario y la prestación por desempleo al trabajador. Igualmente, si la empresa se ha beneficiado de exoneraciones en la cotización(no pagar la Seguridad Social) tendrá que devolverlas con un 20% de recargo.
 
SÉPTIMA MEDIDA: ¿Y SI YO NO CUMPLO CON LOS REQUISITOS PARA UN ERE DE FUERZA MAYOR?
 
En ese caso habrá que tramitar un ERE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción clásico, aunque se han introducido algunos elementos que agilizan algo el procedimiento. 
 
Se tendrá que constituir una comisión integrada por 3 personas trabajadoras de la empresa designadas por el resto de compañeros y se ha reducido el plazo a 5 días el periodo en que deberá estar constituida.
 
En los casos del periodo de consultas el plazo se ha limitado a un máximo de 7 días, el mismo tiempo que tiene la inspección de trabajo para emitir un informe sobre este tipo de ERTE.
 
Hay que precisar que los ERTES que se tramiten y que no sean fuerza mayor NO SE PODRÁN BENEFICIAR DE NINGÚN TIPO DE AYUDA EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
 
Prohibición de despedir por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas por causa del Covid-19
 
La ley ha establecido que no será causa de despido objetivo ni causa de extinguir el contrato las extinciones de contrato basadas en la fuerza mayor o por motivos económicos, productivos, organizativos, técnicos y organizativos.
 
Esta prohibición queremos precisar que no es absoluta(no puedo despedir) sino que significa que el despido será considerado improcedente(con abono de 33 días por año de servicio). La Ley no precisa si se considerarán nulas o improcedentes estas extinciones, por lo que a nuestro criterio habrá que aplicar la jurisprudencia de nuestros tribunales que dice que «Cuando no hay causa legal para la extinción del contrato de trabajo y la causa real no se encuentra entre las tipificadas como determinantes de la nulidad del despido la calificación aplicable es la de improcedencia’ del despido, y no la de nulidad del mismo»(Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2001).
 
Esto significa que desde hoy(aunque los despidos realizados con anterioridad también pueden tener problemas en la calificación como procedentes) si se realiza un despido basándonos en la crisis económica originada por el Covid-19 o se finaliza un contrato por las mismas circunstancias entonces se declarará improcedente con la sanción de 33 días por año de servicio.
 
En relación con los contratos temporales(todos, incluidos los de formación, los de relevo o los interinidad) , el Real Decreto Ley establece que queda suspendida su duración en el caso de estar incluidos en un ERTE. Es decir, si la empresa hace un ERTE, los contratos temporales quedan interrumpidos en su duración, la cual volverá a computar una vez finalice el ERTE. Por tanto, si a la fecha de realizar un ERTE hay un trabajador que le quedaba un mes de contrato, la duración del contrato queda suspendida durante el ERTE y se reabrirá esa duración una vez finalice ese ERTE. 
 
Si la empresa no ha realizado ningún ERTE, entonces los contratos temporales siguen su duración normal y se pueden extinguir con normalidad(siempre que haya llegado el final de su duración y que en su día no se hubieran suscrito en fraude de ley).
 
Recordamos que esto es un medida diferente a la obligación de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes al fin del ERTE de fuerza mayor en el caso de que nos beneficiemos de la exoneración de cotizar a la Seguridad Social con lo que además de cumplir con esta medida, está también la suspensión de la duración de los contratos temporales. 
 
OCTAVA MEDIDA: ASPECTOS EN RELACIÓN CON EL DESEMPLEO
Durante las situaciones de suspensión y reducción de jornada, las personas cobran la prestación por desempleo. En este sentido se han introducido medidas de protección de tal manera que quedarán cubiertas la personas que no tengan el periodo mínimo cotizado para tener derecho al cobro de ese desempleo. Además, ese periodo en que las personas cobren el desempleo no se les contará como consumido para un desempleo posterior siempre y cuando y claro está sean personas que ya estuvieran contratadas con antelación. 
 
Como veis no está garantizado que todos los ERTES sean considerados de Fuerza Mayor y se corre el riesgo de presentarlo y que se deniegue por esta vía, alargándose el procedimiento más de lo deseado. Igualmente, el teletrabajo es la primera opción y además el mantenimiento del empleo surge del horizonte para en el caso de producirse posteriormente despidos se penalice las ayudas recibidas(sin que se conozca el cómo por el momento).
 
Obligaciones en relación con la prestación por desempleo y los ERTES
 
Por si no tuviéramos poco, el RDL establece por ley lo que hace días «obligaba» el Sepe a hacer y es que ahora las empresas que inicien un ERTE están obligadas a tramitar las prestaciones por desempleo de las personas trabajadoras, hasta tal punto que fija una serie de plazos que en caso de no cumplir pueden derivar en sanción grave cuya cuantía puede oscilar entre 626€ y 6.250€.
 
Por lo tanto, todas las empresas que hayan realizado o vayan a realizar un ERTE están obligadas a cumplimentar una solicitud colectiva con los datos que requiera el Sepe( una solicitud que ha cambiado ya un par de veces) y recapitular una autorización de cada persona para que de su consentimiento a esa solicitud de prestación colectiva.
 
El plazo para remitir esas solicitudes de prestación será de 5 días desde la solicitud. La realidad es que uno de esos datos a cumplimentar es el número de ERTE asignado, algo imposible de facilitar en 5 días si la Autoridad Laboral no se está pronunciando en ese plazo….
 
Estas son las nuevas medidas laborales vigentes hoy mismo y que buscan garantizar el empleo y el abuso en los ERTES que no tengan realmente una causa. El problema que vemos es la inseguridad jurídica que tendrán las empresas en el caso de tener que defenderse y justificar si sus medidas adoptadas contuvieran incorrecciones o si las medidas solicitadas no resultan necesarias o no tuvieran conexión suficiente a los ojos de la Inspección de Trabajo o del propio Sepe, siendo como son, sanciones elevadas y con devoluciones de prestaciones en el caso de no poder defenderse.
 
 
SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL
 

Con motivo del fin de contrato temporal las personas trabajadoras alas que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre podrán acceder al mismo.

Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los términos referidos en el párrafo anterior, por la extinción de un contrato de duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que cumplan el resto de requisitos previstos en este artículo.

El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente. Es decir, 430,27€/mes.

La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley.

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